El militar retirado es procesado por el delito de peculado, cuando fungía como embajador en Honduras, en el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca.
La Fiscalía lo acusa de apropiarse indebidamente de $41,040 durante su gestión en la sede diplomática en Honduras.
Por los mismos hechos, también es acusado Walter Alfredo Anaya Escalante, exministro consejero salvadoreño, y Soledad Funes de Ramírez, de nacionalidad hondureña, esta última en su condición de cómplice.
Voy conociendo el caso, el tribunal me ha dado unos días para poder conocer el proceso y venir a la audiencia preliminar a demostrar la inocencia de mi representado”, afirmó el abogado Jacobo Guillermo Marín.
EN CONTEXTO: El coronel Ochoa Pérez no tiene quien lo defienda
En tanto, el coronel Ochoa Pérez afirmó que el juzgado le había notificado que la audiencia quedaba programada para el 12 de agosto a las 9:30 de la mañana.
El nuevo defensor fue nombrado un día antes de realizarse la diligencia, el martes 13 de julio, luego de agotar su lista de abogados conocidos, “dicen que no conocen el nuevo Código” explicó de forma sarcástica, el coronel.
Ocho Pérez insiste que este proceso es parte de una persecución política del FMLN cuando estuvo en el poder, específicamente del excanciller Hugo Martínez, “y este gobierno se ha prestado a la persecución política”.
Estos días me llegaron a buscar a una casa donde viví hace varios años, me querían arrestar, primero ya no estoy de alta, segundo no hay una orden de un juez pero este gobierno se está prestando para todo”. Coronel Sigifredo Ocho Pérez
Las investigaciones detallan que en 2005 se suscribieron dos contratos de arrendamiento para establecer la sede diplomática de El Salvador en Honduras; por uno se pagaban $2,200 mensuales, que era el precio original y otro $3,000.
En un segundo contrato había un excedente de $800, que aparentemente se apropió Ochoa Pérez y luego de su retiro, ese dinero se lo dejó el ministro consejero, Walter Anaya Escalante, también procesado, pero en su ausencia.
Los otros dos imputados ausentes, en el caso de Anaya, la Fiscalía dice que la apropiación indebida fue de $59,000; esta última cantidad la siguió obteniendo hasta mayo de 2015. El monto total que señala la Fiscalía es de $107,920, que provenían de los fondos del Ministerio de Relaciones Exteriores.