Las ONG atienden gran parte de las víctimas de desplazamiento forzado y pocas reciben el apoyo del Estado. / DEM
Un nuevo informe de Save the Children, “Las múltiples caras de la exclusión”, señala que el desplazamiento forzado agrava la deserción escolar en El Salvador, pues este año la no escolarización en niños y adolescentes pasó del 10.1 al 18.4 % debido a los éxodos que ha sufrido la población, especialmente la infancia.
“Un niño, una niña que se va hacia otro sector del país llega no a inscribirse en la escuela ni a accesar a los servicios de salud, llega a estar en una situación de confinamiento”, explicó Ludin Caballero, directora de Operaciones de Programas de Save the Children.
El año pasado, el Ministerio de Educación (Mined) registró a 17,000 estudiantes que dejaron la escuela, mientras que en 2016 fueron 32,000 los desertores. En este año, 15,000 abandonaron los libros por la violencia, según registró Educación.
Sin embargo, cuando abordan este fenómeno, el principal reto al que se enfrentan las instituciones que velan por los derechos de la niñez es que el Estado no reconoce el desplazamiento forzado. El 26 de abril pasado, en un conversatorio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez, dijo que no reconocían el fenómeno porque no existe un conflicto interno, no hay reiteradas violaciones a los derechos humanos y, según él, no son hechos generalizados y provocados por la violencia.
“Nosotros ubicamos el total de niños y niñas que se encuentran en situación de desplazamiento forzoso o lo que podría ser igual en una situación de confinamiento, entonces ¿cómo hacerle efectivo su derecho a la educación, porque si esto no se hace (reconocimiento al desplazamiento), imaginémonos qué condiciones de vida va a tener cuando estén en la juventud o adultez”, señaló Caballero.
No obstante, para las autoridades de Save the Children, que el mismo Ministerio de Justicia tenga una dirección que atienda a aquellos que han abandonado su lugar de origen por violencia, es una forma de reconocer el problema.
La ONG también lanza el reto al Ministerio de Educación para que, a través de las modalidades de enseñanza que tiene, pueda atender a los niños víctimas de desplazamiento o confinamiento.
La institución aseguró que a pesar de que el Estado salvadoreño no reconoce el problema, los organismos internacionales como el Banco Mundial tienen registradas las estadísticas de casos de desplazamiento forzado que ocurren en el país.
El pasado 20 de marzo, las autoridades de Justicia junto con la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) presentaron un informe de caracterización de movilidad interna a causa de la violencia en El Salvador. El estudio concluyó que en una década -entre 2006 y 2016- solo el 1.1 % de 41,650 familias se habían movido de casa por algún hecho violento, principalmente amenazas.
