Las familias de la isla Perico viven en extrema pobreza a unos 10 minutos de La Unión. Dicen que las autoridades nunca los visitan. / D.G.


Mujeres con bebés en brazos, hombres y algunos niños salen de sus casas de lámina y plástico para recibir a los visitantes. Faltan seis minutos para las 10 de la mañana y tres lanchas desembarcan en un muelle improvisado en la isla Perico, La Unión.

Policías, fiscales y periodistas bajan de las lanchas ante un inclemente sol y el calor del océano Pacífico que baña el Golfo de Fonseca. Los habitantes saludan con desconfianza y otros optan por retirarse.

“Queremos platicar con ustedes, conocer su situación. Venimos para ayudarles”, dice aquel hombre con gorra azul y que se presenta como el fiscal general de la República.

Unas 43 familias viven en la isla Perico, según el último censo con el que cuentan las autoridades, pero los pobladores las resumen en “unas 30”. La mayoría de casas son de lámina y plástico, aunque al caminar por el pequeño caserío, se dejan ver unas cuantas de concreto.

Estas últimas gracias al solidario voluntariado del Comando Sur de la Fuerza Armada de los Estados Unidos, quien además construyó una ermita y una escuela para los pequeños.

El caserío Perico no tiene energía eléctrica suministrada por el Estado, tampoco tiene agua potable. La energía eléctrica con la que hoy cuentan es gracias a páneles solares instalados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés).

Juan Reyes, presidente de la cooperativa de pescadores, dice que el agua potable la van a traer a La Unión, el territorio a 10 minutos en lancha de la isla Perico.

“Nosotros pescamos, la señora a la que le vendemos el pescado, nos da el agua. La traemos en pichingas”, relata Reyes.

En un suelo que pareciera estar decorado con conchas de mar, el fiscal Meléndez, les ha explicado que están delimitando el terreno para que no se les violente sus derechos. Ellos han respondido que no quieren irse de la isla Perico, porque ahí han nacido.

Al retirarse, el fiscal les pide sus nombres, sus números de Documento de Identificación Personal (Dui)y un número de teléfono para mantener comunicación. Las señoras se ven entre ellas y le dicen al fiscal que no pueden entregarle el Dui, porque les han aconsejado que no deben darlo, ni firmar nada.

“Buen consejo el que les han dado”, les responde el fiscal.

Las lanchas abandonan la isla y antes los habitantes se despiden con un: “Ojalá puedan ayudarnos”.