La ley transitoria entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, esto aún no pasa.
La Federación de Empresarios del Transporte Inversiones y Negocios (Fecoatrans) señalaron un posible paro de transporte colectivo, debido a las nuevas exigencias que la Asamblea Legislativa aprobó el pasado 22 de diciembre en Ley transitoria para la estabilización de las tarifas del servicio de transporte público de pasajeros tipo colectivo y masivo, que otorga el subsidio al transporte colectivo.
Las consecuencias de una mala ley las va a enfrentar el usuario, que a diario hace uso del servicio de transporte público para movilizarse a sus trabajos y centros de estudios". Catalino Miranda, presidente de la Federación de Empresarios del Transporte Inversiones y Negocios (Fecoatrans).
La semana pasada, la Asamblea Legislativa aprobó una serie de requisitos que los transportistas deberán cumplir para obtener el subisidio aumentado: $250 para microbuses y $500 para los buses.
- Sistema GPS (bajo los requerimientos técnicos y programaciones del VMT).
- Uso de sistema de recaudo electrónico (permite a los usuarios pagar con transacción electrónica o tecnologías). Se aplicaría bajo los requerimientos técnicos y programaciones del VMT.
- Revisión técnica vehicular y emisión de gases cada 6 meses.
- Solvencia de multas.
- Conductores autorizados.
- Cobro de tarifa autorizada.
- Cumplimiento del plan general operativo (respetar recorridos, horarios, paradas, frecuencia, tarifas, número de viajes, origen y destino).
- Servicio al usuario.
- Protección y seguridad de los usuarios vulnerables.
- Permitir la supervisión y control de la Dirección General de Transporte Terrestre e Inspectoría General de Transporte.
- Cumplimiento de protocolos sanitarios y bioseguridad.
- Uso de terminales y puntos de meta.
- Continuidad y regularidad.
- Aviso de suspensión (notificar cuando haya suspensiones de servicio por causa justificable).
- Caja única (bajo los requerimientos técnicos y programaciones del VMT).
- Estar en el Registro de Concesionarios o Permisionarios.
- Permisos vigentes.
- Respetar antigüedad permitida. Actualmente, es un máximo de 20 años para buses y microbuses según la Ley de Transporte.
- Brindar el servicio como mínimo 21 días en un mes calendario.
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“Lo peligroso es que si te lo exigen para el pago de la compensación, aquí nadie lo va a cumplir y se va a quedar sin transporte el país”, alertó William Cáceres, transportista de Fecoatrans.
Según Cáceres, las exigencias de la ley no están acorde a la realidad del sector de transportistas. La normativa entrará en vigencia ocho días después a la publicación en el Diario Oficial, y esto aún no ha ocurrido.
Para la exigencia 1,2 y 15, el Viceministerio de Transporte les dirá a los empresariso cuánto tiempo les dará para su aplicación.
Falta de recursos.
Más de un 90 % de los empresarios aún no sale de la repercusiones que trajo consigo la pandemia del covid-19 en 2020, y enfrentan serios problemas con la banca, afirmaron ayer los empresarios; algunos los ha llevado a endeudarse más o solicitar más ampliación a los plazos de sus créditos para ponerse al día, aseguraron.
En ese sentido dijo estar claro que el espíritu de la Ley es para que los salvadoreños no paguen más de la tarifa establecida. “Pero he creído muy necesario que el presidente Nayib Bukele llegue a su escritorio y le pegue una revisión a ese decreto, porque todo lo que ahí dice, ya está contemplado en la Ley General de Transporte y Seguridad Vial”, afirmó Miranda.
Estudios técnicos de consultores internacionales y del mismo Viceministerio de Transporte, así como de las gremiales establecen que la tarifa de $0.20, debería ser de $0.50 más la compensación estatal “que no puede ser regida por leyes van directamente al 70% de los usuarios del transporte colectivo”., afirmaron ayer los empresarios.
Miranda dijo que en el año 2021 fueron agobiados por tres rubros en su labor: el costos de combustible, el costo de la reparación de las unidades -para que no se queden varadas a cada rato y tengan accidentes- y el costo bancario, sin incluir los costos de la depreciación de la unidad y la utilidad que deberían tener el transportista por el servicio que presta, que no debe ser menor al 10%.
Señaló que la tarifa que se cobra por el servicio urbano es de $0.20 tiene más de 17 años y no compensa todos los costos en los que se incurre en las unidades. Como alternativa para seguir operando y adaptarse a los nuevos requerimientos, Miranda pidió al gobierno, que cree un fondo de $300 millones para facilitar créditos a los transportistas. Crédito blandos y plazos adecuados.