Roberto Carlos Coto de Paz y Héctor de Jesús Castaneda, dos exempleados del Ministerio de Salud, enfrentarán un juicio, según ordenó la jueza Sexto de Instrucción, tras figurar como sospechosos del asesinato de dos militantes del FMLN, el 31 de enero cuando participaban de una caravana política, de cara a las elecciones municipales y legislativas del 28 de febrero.
La fiscal del caso afirmó a la salida de la audiencia preliminar este viernes, que la jueza Sexto de Instrucción resolvió que los imputados “se mantengan en la detención provisional en que se encuentran, admitió la prueba y que hay elementos de juicio suficientes para establecer la participación delincuencial de los detenidos en los cuatro delitos que se les está atribuyendo”.
Los dos enfrentarán el juicio por el asesinato de dos personas y el intento de homicidio en otras tres personas que resultaron lesionadas, todos militantes del FMLN.
Las pruebas
Una de las pruebas relevantes que Fiscalía tiene contra los acusados son los vídeos en las que se recrean los hechos de aquel 31 de enero, casi cayendo la noche en que desde un carro azul se bajaron tres hombres.
Dos de ellos estaban armados y se dirigieron a las víctimas que viajaban en un pick up blanco y luego de una serie de supuestos insultos abrieron fuego contra ellos, dejando como resultado cinco lesionados; dos de ellos, fallecieron minutos después en la emergencia del hospital Rosales, esa misma noche del 31 de enero.
Según Fiscalía, el primero en disparar fue el exagente de la División de Personalidades Importantes (PPI), Diego Francisco Alvarado Peña, luego le siguió presuntamente Héctor de Jesús Castaneda, con una segunda arma de fuego.
En la lluvia de balas, Diego Francisco también resultó gravemente lesionado; quien 25 días después murió en un hospital del Seguro Social.
En la investigación de los hechos, aún no se ha establecido quién disparó al exagente del PPI, porque del lado de la caravana política, quedó demostrado que nadie portaba arma de fuego, afirmó la fiscal.
“Con los videos tenemos que el imputado fallecido es quien dispara contra las víctimas, el otro también dispara y un tercero lo acuerpa en su acción ilegitima de agresión”, sentenció la fiscal.
Otro prueba relevante es el informe del Buró Federal de Investigación por sus siglas en inglés (FBI), que en sus conclusiones también pone en escena a los tres sujetos que viajaban en el vehículo sedán azul, el día del ataque.
Se esperaba del Informe del FBI, que se estableciera quién disparó al agente del PPI pero no se logró, se seguirá investigando”. Fiscal del caso.
“El informe del FBI viene a confirmar el informe de Dirección de Análisis, Técnicas de Investigación e Información (DATI) que ya había hecho en su análisis sobre la participación delincuencial en cada uno de los hechos”, sostuvo la fiscal.
La reconstrucción de los hechos realizada el 15 de abril también aporta elementos esenciales que abonan al caso.
A esas pruebas se suma el testimonio de los tres sobrevivientes que declararán en el juicio.
La defensa
Pero la defensa no concuerda con la versión de la Fiscalía y las investigaciones policiales y del FBI, tras asegurar que sus clientes son inocentes.
El abogado Mario Revelo puntualizó que la experticia balística salió negativa para su cliente, Héctor Castaneda, el otro que supuestamente disparó contra la caravana, “en consecuencia nunca disparó” y por eso solicitó un sobreseimiento provisional para su cliente, sin embargo, la jueza se lo negó. “En el informe consta que se encuentran residuos de pólvora, nunca disparó”.
Por su parte, Alejandro Portillo, abogado de Roberto Carlos Coto De Paz, afirmó que su defendido no ha participado en los hechos que se le atribuyen. “Esta defensa técnica está convencida de la inocencia de mi representado en base en todas las pruebas, no se observa armas ni participación, él en ningún momento participó en ningún hecho delictivo”.