El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador resolvió enviar a juicio a Luis Miguel Hernández Mendoza, acusado de estafar a 24 jóvenes, al ofrecerles una carrera corta para trabajar en diferentes cargos en aerolíneas y no tener los atestados profesionales ni la autorización de un centro educativo.

De acuerdo con la investigación, Hernández Mendoza entre 2018 y 2019, hacía creer a las víctimas que era el propietario de una escuela de capacitación denominada INTERCAP y que al final de los estudios sus alumnos se graduaban como tripulantes de cabina, con sus respectivas licencias para ejercer la profesión.

La escuela fue promocionada en redes sociales con lo que atrajo la atención de las víctimas, quienes solicitan información y luego se inscribían, pagando diferentes montos, pues algunas eran sorteadas con medias becas y otras reducciones en las mensualidades.

Algunas personas pagaron $1,200, a otras $1,300 por todo el curso completo, ya que quienes pagaban de un solo el curso obtenían "descuentos especiales", pero otros pagaban $300 mensuales. La supuesta academia estaba ubicada en un edificio de la avenida Roosevelt en San Salvador.

Según Fiscalía, en el proceso de enseñanza, los jóvenes empezaron a notar irregularidades en los maestros, “y deciden averiguar en Aviación Civil sobre la situación de la academia y ahí les notifican que el propietario no está certificado ni como piloto ni el instituto está certificado para otorgar ese tipo de licencias”.

Con esa información, los jóvenes deciden pedirle al imputado, el reintegro del dinero que le habían pagado para retirarse, y al no acceder acuden a la Fiscalía a poner su demanda por estafa.

“Él nunca tuvo autorización para instalar ese tipo de escuela, no obstante creó ese aparataje alquilando un local, firmando contratos y haciendo creer a las víctimas que efectivamente al finalizar el curso tendrían un título que jamás él podía entregar”, afirmó el fiscal.

Fiscalía dice tener abundante prueba para demostrar en juicio el ilícito de estafa agravada y la participación de Hernández Mendoza, además cuenta como el testimonio de las víctimas, la certificación del Ministerio de Educación en la que se expresa, que dicho instituto no está registrado para ofrecer este tipo de formación, así como el informe de Aviación Civil que es la institución que certifica y otorga ese tipo de licencia, que informa que ni él era piloto ni la academia estaba certificada como tal.

El monto total que las víctimas habrían pagado ronda los $20,000 y el plazo para graduarse de agente de cabina era de seis meses.