El fiscal general Rodolfo Delgado aseguró este miércoles que solicitó al gobierno de España el proceso que desarrolló la Audiencia Nacional para condenar al excoronel y exviceministro de Seguridad Pública, Inocente Orlando Montano, para sumar a la acusación de la Fiscalía salvadoreña por la masacre de los jesuitas.

Durante la Entrevista AM del Canal 10, el fiscal nombrado el 1 de mayo por el oficialismo, aseguró que ha pedido la colaboración de España para llevar a la justicia a los acusados por la matanza en 1989 del grupo de jesuitas y sus colaboradoras en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Desde hace un par de meses instruí que se entablaran ya las primeras comunicaciones con el gobierno español para solicitar lo actuado por la Audiencia Nacional, tratar de obtener algún tipo de colaboración de parte de ellos, y exponer que sí existe la voluntad del Estado salvadoreño para poder llevar a la justicia a los acusados". Rodolfo Delgado, fiscal general.




Esta misma solicitud la hizo el fiscal general de la República, Raúl Melara, antes de ser destituido por la Asamblea Legislativa. Según informó el 11 de septiembre de 2020 ─mismo día de la condena─, la Fiscalía General pediría un suplicatorio a España para recibir una copia certificada de la sentencia.

LEA MÁS: Fiscalía salvadoreña pedirá certificación de sentencia de masacre jesuita a España

El Tribunal Supremo de España confirmó en febrero pasado la sentencia de la Audiencia Nacional, que condenó a Montano a 133 años y cuatro meses de cárcel, 26 años, 8 meses y un día por cada uno de los cinco sacerdotes jesuitas asesinados.

En El Salvador, aunque el caso fue reabierto en 2018, no ha tenido ningún avance desde entonces. Organizaciones de la sociedad civil y la misma Universidad han exigido al Estado salvadoreño que retome este caso para llevar a la justicia a todos los autores materiales e intelectuales del hecho.

Los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Armando López Quintana y Juan Ramón Moreno fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989 por el batallón Atlacatl de la Fuerza Armada salvadoreña en el campus de la UCA. Junto a ellos también fueron asesinados el sacerdote salvadoreño Joaquín López, la empleada de los sacerdotes, Elba Ramos y su hija de 16 años, Celina Ramos.

EN CONTEXTO: Esto piden los defensores de derechos humanos salvadoreños en el proceso penal de la masacre jesuita

¿Nueva petición?


La petición del nuevo Fiscal general ya había sido anunciada por el Ministerio Público salvadoreño desde el año pasado; sin embargo, El Salvador ya tiene en su poder una copia del expediente judicial que sirvió para condenar a Montano.



(La sentencia contra Montano) genera un paso histórico e importante para que nosotros podamos obtener más información ¿qué es lo que procede ahora? Vamos a tramitar un suplicatorio a España porque en ese proceso se da a conocer información nueva". Raúl Melara, fiscal general de la República.

El pasado 7 de abril, dos organizaciones salvadoreñas trasladaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el expediente judicial de la Audiencia Nacional.

ENTÉRESE: Entregan expediente judicial de España sobre caso jesuitas a Corte Suprema de Justicia para "investigación rigurosa"

El Centro Guernica para la Justicia Internacional y Víctimas Demandantes (VIDAS) presentó ante la Sala de lo Constitucional del Supremo salvadoreño un 'amicus curiae', que busca reivindicar la responsabilidad del El Salvador de condenar los abusos cometidos en la guerra civil. Al igual que el fiscal, los magistrados de la Sala de lo Constitucional fueron destituidos por los diputados oficialistas el 1 de mayo.

La solicitud de ambas organizaciones contiene las actuaciones penales seguidas por la Audiencia Nacional y un reclamo a El Salvador para hacer una "investigación rigurosa" de la masacre.

¿Qué investigará la FGR?


El fiscal general aseguró que en las diligencias del caso de los Jesuitas se indagará por "cuáles fueron los verdaderos motivos para ejecutar los asesinatos", y el involucramiento de "diferentes actores" que "encubrieron deliberadamente" los asesinatos.
Las decisiones que se adoptaron surgieron de los altos mandos de la Fuerza Armada de aquella época (...) Existe un alto nivel de involucramiento del comandante de la Fuerzas Armadas de aquel momento, me refiero al expresidente Cristiani". Rodolfo Delgado, fiscal general.




Además, dijo que investigarán por qué la Corte Suprema de Jusicia se negó a extraditar a los señalados por la masacre, pues "fueron refugiados en una guarnición militar" para evitar la justicia española. Esto, en referencia a una sentencia del 17 de junio de 2010.

El único condenado en el caso es el coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno, quien recibió una pena de 30 años de prisión por haber participado en la masacre; tras la derogación de la ley de Amnistía fue capturado para cumplir su condena en 2016.

Al momento, Benavides sigue en prisión y se le ha negado un indulto para salir de esta.

LEA MÁS: Fiscalía pide a Sala reabrir caso de la masacre jesuita