En audiencia pública ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), el Estado salvadoreño, a través del secretario del Consejo Criminológico Nacional, Pedro Cortez, negó que reos hayan muerto a causa del covid-19, en los centros penales.
“Sintomatologías leves fueron las mujeres y asintomáticos fueron 150 y cero mortalidad”, dijo ayer Cortez en la exposición en nombre del Estado salvadoreño.
Sin embargo, la contraparte ante la CIDH, los representantes de la sociedad civil, sostuvieron tener documentos de la misma Dirección General de Centros Penales, que establecían la muerte de dos reos entre el 1 y el 30 de junio pasado.
“Tenemos información contradictoria porque se acaba de decir que no hubo muertos por el covid y tenemos información oficial de centros penales que dicen sobre la muerte de dos personas”, dijo Juan Carlos Sánchez, de la Fundación para el Debido Proceso.
Sánchez fue secundado por Héctor Carrillo, representante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, quien mostró los documentos de la resolución de Centros Penales.
Informe.
En la audiencia, el Estado salvadoreño presentó un informe sobre la situación de covid-19 en centros penales, sin especificar hasta que fecha correspondían las cifras. El secretario del Consejo Criminológico Nacional dijo que 156 privados de libertad dieron positivo a covid-19, de estos, 6 fueron mujeres.
Además, 1,970 tuvieron síntomas y se clasificaron como sospechosos del SARS-Cov2; el funcionario no explicó si a estos reos se les hizo o no prueba para confirmar o descartar la enfermedad. De los sospechosos, 1,953 fueron hombres.
Añadió que ninguno de los menores que viven en las cárceles con sus madres presentó síntomas.
Medidas.
Las autoridades dijeron que en los centros penales se restribuyó el personal para evitar contagios, se establecieron áreas específicas de cuarentena y abrieron griparios para los sospechosos, además habilitaron tres penales solo para resguardar a los reos con síntomas, entre ellos el de Metapán y Cojutepeque, este último ya clausurado por la administración anterior. La CIDH dictará una resolución sobre la audiencia especial.