Las víctimas que fueron engañadas con visas de trabajo canadiense en 2016, dijeron estar cansadas de un proceso judicial que no les resuelve, a más de dos años de haber iniciado.

Por este caso hay una docena de personas acusadas, nueve están presentes y tres aún se encuentran prófugas, afirmó Fiscalía.

Son procesadas por estafa en perjuicio de 57 víctimas que han formalizado su denuncia ante la Fiscalía General de la República y que sus casos están ya en sede judicial, pero que de ahí no han pasado.

Uno de los ofendidos es Óscar Cerritos, originario de Cuscatlán. Como él, decenas de víctimas acuden de todo el país al juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador, cuando se les convoca a una diligencia.

Siempre que se anuncia este tipo de diligencias, ellos esperan que es para devolverles el dinero estafado.

Al final, la esperanza que traen se les desvanece, porque según ellos, siempre hay una excusa para no realizar la audiencia.

Esto les representa pérdida de tiempo, gastos en pasajes y comida para trasladarse, descuento de día no laborado y otros dejan de hacer sus trabajos agrícolas en sus lugares de residencia.
No salimos de nada, siempre estamos cayendo en el mismo bache que juegan con la gente, no se ve nada serio a favor del pueblo, sino que siempre la balanza está inclinada al delincuente porque juega con la dignidad de las personas”. Óscar Cerritos, víctima de estafa con visas canadienses.

Los estafados son del criterio que la ley, de cierta forma, encubre al delincuente y a las víctimas las hacen a un lado, “hemos tenido un proceso con uno y otros fiscales, pareciera que esto es un juego”, cuestionó Cerritos.

“Nosotros pedimos permiso, perdemos tiempo, perdemos dinero, porque nosotros no somos empleados públicos que nos dan permiso y seguimos ganando; en la empresa privada hay descuentos… y una vez aquí (en el Juzgado) nos vienen a decir que se suspende por X motivo”, se quejó Cerrito.

Desde el 2019, estas víctimas batallan en este calvario judicial sin ningún resultado; ellos piden que los imputados les devuelvan el dinero que entregaron por un servicio que no les brindaron.

En el caso de Cerritos, dice que son $1,000, otros dieron $3,000.

“La exigencia que hacemos a la Fiscalía es que siga el proceso correcto y rápido, ya mucho tiempo; si nosotros tuviéramos dinero esto ya hubiera terminado porque nos oyeran, porque aquí al pobre no lo oyen, oyen al que tiene”, reclamó Cerritos.

La suspensión


La Fiscalía manifestó que ellos están presentes en la audiencia, donde la jueza decidiría con la prueba ofrecida, si envía el caso a juicio; sin embargo, la diligencia fue suspendida porque un defensor mostró una certificación que tiene covid-19, un fiscal de Zacatecoluca no se presentó al igual que uno de los nueve imputados. Todos los acusados están en libertad bajo medidas.

“Este es un delito en masa, donde han participado de 12 a 13 imputados; tenemos entre 60 y 65 víctimas que fueron estafadas en hechos que se dieron desde marzo de 2016, cuando se les ofreció tramitarles visas canadienses para viajar a hacer trabajos agrícolas temporales en aquel país y de esa manera se les estafó”, explicó el fiscal.

Los montos de las estafas varían entre $200, $300, $500 $1,000 por víctima, que en 60 víctimas el monto se eleva y que por el cual tendrán que responder los procesados.

El contacto con las víctimas


Las investigaciones establecen que la estructura tenía reclutadores, que iban de municipio en municipio, invitando a los interesados en trabajos agrícolas en Canadá, ofreciendo buenos pagos.

Posteriormente se reunían con las víctimas y les ofrecían tramitar las visas.
Las reuniones fueron en Cojutepeque, Zacatecoluca, San Salvador en lugares públicos como parques, también alquilaban locales para explicar a las víctimas cuál era la modalidad, cuánto debían cancelar y los demás requisitos que debían reunir”. Fiscal del caso.

Algunos ofendidos viajaron hasta Guatemala a realizarse una serie de exámenes médicos que eran requisitos para iniciar el trámite, pero eso solo era para hacerles creíble la oferta.
Les crearon a las personas un sueño que jamás se le cumplieron, se aprovecharon de la humildad y sencillez de las personas que en su mayoría son agricultores”. Fiscal del caso.

Algunas víctimas


Valentín Portillo es un exveterano de guerra de la Fuerza Armada y residente de Cojutepeque; él afirmó que a su domicilio les llegó la supuesta oportunidad y quiso que sus dos hijos viajaran. Pagó $200 por cada uno.

“En seis meses me los llevo, me dijo una señorita, porque ahorita está lloviendo mucho allá, llegaron esos seis meses y nada; pasaron otros dos años y todo fue pura mentira”, manifestó el exveterano.

Juan Solórzano trabaja en una maquila y en su caso afirma que “le plantearon un plan de trabajo bonito, bastante accesible y con mejores ingresos, todo aparentaba ser legal, formal y no una estafa, por eso decidí intentarlo”.

“En ese tiempo hubo un incendio enorme en Canadá, esa fue la excusa favorita que nos decían para no llevarnos; decían que habían perdido los contactos en ese país, pero que luego resolvería, de ahí que las personas con quienes tratábamos ya no nos contestaban y se cambiaron de oficina (estaban por la Fuente Luminosa o exembajada estadounidense); los perdimos, tuvimos que ir a la Fiscalía para denunciarlos”, afirmó Solórzano.

El joven dijo que pagó $450 para aplicar al programa, más $35 por costo de exámenes médicos que se hicieron en Guatemala, después fueron a una capacitación y de ahí solo esperaban que los llamaran para volar hacia aquel país, donde la promesa de sueldo andaba por los $2,000 mensuales libres.