“Se concluye que arriba del 80% de la niñez y adolescencia participante dentro del estudio, han sido afectados en su entorno social por perturbaciones ambientales y que dichos eventos y situaciones que viven son de carácter permanente y no se tienen contingencias reales que permitan minimizar, mitigar, derivas o eliminar los riesgos que las mismas comunidades ya han identificado durante años atrás y que aún no superan”, afirma el estudio.
Los resultados del estudio fueron segmentados por género y según la asesora nacional de gestión de riesgos, desastres, resiliencia y acción humanitaria de Plan Internacional, Cristina Pérez, el 84 % de las niñas y 82 % de los niños dejaron de estudiar entre una a tres semanas por emergencias.
Pérez afirma que el estudio dio como resultado que el 48 % de las niñas y el 35 % de los niños aseguran que se ha violentado su derecho a la educación.
El estudio refleja que la pérdida en la continuidad y la calidad de la educación es su derecho más vulnerado.
A las que más se les vulnera el derecho a la educación son las niñas y adolescentes, debido a que en las emergencias se les asigna roles domésticos, incluso en albergues.
Otro hallazgo que arrojó la investigación, es que en los municipios donde se realizó la investigación, no existe evidencia de una “actualización” adecuada de los conocimientos sobre perturbaciones ambientales y cambio climático.
El estudio fue realizado en cinco municipios: Colima, Santa Bárbara, ambos en el departamento de Chalatenango y en San Pablo Tacachico, El Majahual y San Diego en el departamento de La Libertad,
Ya que estos poseen una mayor posibilidad de un desastre naturales; en total se incluyeron en la muestra a 519 personas: 20 mujeres, 16 hombres, 188 niñas y 295 niños, todos entre las edades de 14 a 19 años.
La representante del Ministerio de Medio Ambiente señaló que trabajan en la Política Nacional de Educación Ambiental para presentarla al Ministerio de Educación.