Exalcalde Elías Hernández. / Archivo DEM.
El Juzgado de Instrucción de Apopa instaló este viernes la audiencia preliminar contra 18 acusados entre ellos el exalcalde de Apopa, José Elías Hernández, su esposa Evelinda Serrano y su hijo Darwin Hernández, así como en contra de 15 imputados acusados de cohecho, soborno, negociaciones ilícitas y fraude procesal.
Sin embargo, a pocos minutos de haberse instalado la audiencia, el exalcalde de Apopa José Elías Hernández fue separado del grupo porque sus defensores manifestaron que no habían terminado de leer la documentación referente al proceso.
Las investigaciones de la Fiscalía, revelan que el exalcalde Elías Hernández, vinculado a las pandillas, benefició a su esposa al comprar bienes de servicios por más de $500,000, sin cumplir con los requisitos de la ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) o de licitación, haciendo uso de documentos falsos elaborados por abogados quienes también son procesados en este caso.
Serrano de Hernández, esposa del exalcalde, está acusada de fraude procesal, soborno y negociaciones ilícitas; mientras que al hijo de ambos, Darwin Elías Hernández Serrano, se le atribuye los delitos de fraude procesal y soborno.
Uno de los abogados procesados es Juan Ramón Rivas quien se desempeñaba como fiscal auxiliar, y es acusado de fraude procesal, soborno y uso y tenencia de documentos falsos y cohecho activo, mientras Luis Fernando Monge laboraba por su cuenta y es procesado por falsedad ideológica y cohecho activo.
Tras sus capturas, el fiscal German Arriaza, jefe del Grupo contra la Corrupción y la Impunidad afirmó en su momento, que los abogados detenidos realizaron conductas delictivas como fraude procesal y el exfiscal Rivas “escondía testigos y realizaba otras acciones tendientes a entorpecer el desarrollo de investigaciones".
En uno de los casos, uno de los abogados negoció con el padre de una niña, víctima de agresión sexual, para que retirara los cargos contra el agresor a cambio de recibir $1,000.
A la lista de los procesados se suma Martha García, jefa del registro del Estado Familiar de la alcaldía de Suchitoto, acusada de soborno al cobrar $400 por una certificación de nacimiento de una persona no asentada en ese municipio.
También figuran como imputados en este proceso dos empleados judiciales y un médico cuyos nombres no fueron revelados.