En un supuesto acuerdo previo con el exalcalde de San Ildefonso, Carlos Alfonso Rodríguez, la estructura “enfermos locos salvatruchos” exigió $25,000 a la junta directiva de la Asociación de Desarrollo Comunal de ese municipio, (Adesco), manifestó el fiscal del caso, en el juicio que se realiza contra él y otros 31 imputados en el Juzgado Especializado de Sentencia “C”.

Rodríguez era el presidente de la junta directiva de la organización comunal extorsionada y en su condición, se comprometió, aparentemente, con la Mara Salvatrucha que convencería a los directivos a pagar la suma exigida.

Según Fiscalía, el compromiso del alcalde Rodríguez era que “él iba a facilitar a los demás miembros de la Adesco para que se pagara el dinero a la MS, pero a raíz de la oposición de los directivos, esa cantidad de dinero ya no fue cancelada, y es a partir de esa extorsión que se da el otro delito de denuncia o acusación calumniosa”, dijo el fiscal.

La víctima en este nuevo delito era el exalcalde Rodríguez y lo denuncia ante la Fiscalía, pero las investigaciones demostraron lo contrario, porque con las herramientas especiales de escuchas telefónicas, “se determina que hubo un acuerdo previo” y el exedil había cometido simulación de delito.
En la prueba testimonial existe una vinculación directa por parte del exalcalde en el sentido que este daba una colaboración económica a los miembros de la estructura”. Fiscal del caso.

Por el cargo que ostentaba, había facilidades de adquisición de armas, traslado de droga y entrega de dinero para la estructura, sostuvo Fiscalía. Rodríguez fue alcalde de San Ildefonso entre los años 2012 al 2018.

La clica “enfermos locos salvatruchos” es procesada por 30 casos delictivos que incluyen tres homicidios y 12 proposiciones y conspiraciones para el delito de homicidios. También son procesados por tráfico de armas de fuego, extorsiones y denuncia calumniosa.

El abogado particular Carlos Avelar Hidalgo afirmó que en el desarrollo de la vista pública se ha observado que hay una deficiencia en los órganos probatorios ofertados por la Fiscalía, ya que está prescindiendo de sus testigos que debieron haber declarado en el juicio.

“En términos generales en cuanto a las agrupaciones ilícitas y los delitos de extorsiones prácticamente se ha venido abajo y no es capaz de romper el estatus de inocencia de cada uno de los procesados”, sostuvo Avelar