La Cámara Tercera de lo Penal revocó la medida de detención provisional contra el exalcalde capitalino, Ernesto Muyshondt, decretada en audiencia inicial por el juez Tercero de Paz de San Salvador.
Lo anterior, tras acusársele de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias dejadas de pagar al Ministerio de Hacienda correspondiente a los ingresos de la Dirección General de Desechos Sólidos.
La orden del tribunal superior es que el exalcalde Muyshondt quien se encuentra hospitalizado desde el 25 de julio en un centro asistencial privado, permanezca en su casa en arresto domiciliar.
La resolución de la Cámara también incluye el cambio de medida para el extesorero municipal, Fernando Heriberto Portillo Linares y se confirman las medidas sustitutivas decretadas a favor del director de Desechos Sólidos, Francisco José Rivera Chacón.
El exalcalde Muyshondt, el extesorero Portillo Linares y el exdirector Rivera Chacón están siendo procesados por retener el impuesto sobre la renta de $275,145.31, que con multas e intereses aumentaba a más de $500,000, el día de la audiencia inicial en este caso.
La Cámara fundamentó su revocatoria en la falta de fundamentación y la errada interpretación del artículo 331 inciso primero, del Código Procesal Penal, que especifica el peligro de fuga de un imputado y establece delitos graves como homicidio y extorsión entre otros, sin embargo, no es este caso, además en el artículo siguiente 332, sugiere que los jueces pueden imponer otras medidas que no sea de detención cuando se trate de delitos menores.
Considerando tanto las circunstancias fácticas y probatorias del caso, aunado a que no logra fundamentarse un riesgo extraordinario de fuga u obstaculización de la investigación, revocar la medida más gravosa a los sindicados y sustituirla por otras como arresto domiciliar, imponer una fianza de $50,000 y uso de brazalete electrónico”. se extrae de la resolución emitida por la Cámara.
En el caso del extesorero municipal, Portillo Linares deberá pagar una fianza de $10,000.
La medida que ratificó la Cámara Tercera de lo Penal fue la que con anterioridad había impuesto el Juzgado Segundo de Instrucción contra Muyshondt, en el proceso que se sigue junto a otros cinco imputados por las supuestas negociaciones ilícitas con pandillas en busca de beneficios electorales para los candidatos a la presidencia en las elecciones de 2014.