Los magistrados establecieron que en lugar de un brazalete electrónico, se les pusiera bajo vigilancia policial, pero ayer fuentes judiciales confirmaron que Centros Penales no había cumplido con la orden y tampoco había explicado los motivos de la negativa.
Muyshondt y Portillo, a cargo del Juzgado Octavo de Instrucción, son acusados de retención y apropiación indebida de preceptos tributarios por más de $275,000 que correspondía pagar la Dirección de Desechos Sólidos, de la comuna capitalina, a la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda.
Además del arresto domiciliar, ambos ya pagaron la fianza impuesta que en el caso de Muyshondt es de $50,000 y para Portillo, $10,000.
“No se ha logrado evidenciar un riesgo de fuga u obstaculización en la investigación que haga merecedora de mantener la detención provisional, optando en tal sentido por la medida del arresto domiciliario, de la cual vale decir conlleva una restricción de magnitud considerable en la esfera de libertad de ambulación de los procesados”, reza el documento de los magistrados para emitir la orden.
La Cámara sostiene que la imposibilidad de contar con brazalete electrónico para los imputados, no debe condicionar el incumplimiento de la medida de arresto domiciliario, un mecanismo fruto de la interpretación derivada del artículo 86 de la Constitución de la República.