El exfiscal general, Luis Antonio Martínez González, y el exdirector de la Defensa de Intereses de la Sociedad de la Fiscalía General de la República (FGR), Julio Alberto Arriaza González, trataron este miércoles de desvirtuar las pruebas como las escuchas y la intervención de llamadas telefónicas con las que el Ministerio Público pretende que el Tribunal Tercero de Sentencia los condene.
Ambos son procesados por los delitos de:
- Revelación de hechos,
- Actuaciones o documentos secretos por empleado oficial,
- Actos arbitrarios y fraude procesal.
Por estos ilícitos también son enjuiciados, los abogados Héctor Francisco Grimaldi Membreño y Luis Peña, este último ya murió para quien la Fiscalía pedirá su absolución.
Desde el sector 9 de la Penitenciaría La Esperanza y a través del sistema virtual, Martínez y Arriaza le recriminaron a la Fiscalía que los ha llevado a juicio con pruebas -para ellos- ilegítimas, porque los audios que se obtuvieron de las llamadas telefónicas supuestamente entabladas entre ellos y el empresario prófugo, Enrique Rais, caducaron el 17 de octubre de 2015, afirmaron.
Arriaza desacreditó a la Fiscalía por procesarlos con copias editadas y transcripciones de audios de las escuchas telefónicas porque los originales debieron ser destruido seis meses después de haberse judicializado en otro proceso, al tiempo que se quejó de no haber guardado la cadena de custodia, ya que varias personas aseguran haberlos escuchado.
El exdirector de Defensa de Intereses de la Sociedad afirmó que los diputados que constitucionalmente son los llamados en estos casos a realizar la “interpretación auténtica”, concluyeron que esos audios de acuerdo con la Ley de Intervención telefónica debían haber sido destruidos a los seis meses de concluido el proceso para el cual fueron útil.
En ese sentido, Arriaza cuestionó al director del Centro de Intervención Telefónica de la Fiscalía por no haber dado cumplimiento a la destrucción de los audios que estaban bajo su custodia. Por esa razón pidió a la jueza Tercero de Sentencia que preside el juicio que no admitiera esas pruebas.
Fiscales del caso negaron que los audios de las escuchas, que son prueba en este caso, no tengan vigencia, al contrario están respaldado por abundante jurisprudencia al respecto, al tiempo que señalaron que la actitud de los imputados son simplemente dilatorias.
Por su parte, el exfiscal Luis Martínez, quien aprovechó su intervención para leer un extenso escrito de más de dos horas, afirmó que la prisión preventiva para él había sido más que una condena, pues era procesado “solo por obsesión, por placer de venganza encubierta y odio oculto” con presunciones imprecisas e impertinentes de la Fiscalía.
El delito de revelación de hechos y actuaciones oficiales o documentos secretos no se homogenizó en la etapa de instrucción o investigación, un proceso en el que no me podido defender con las máximas garantías, una acusación que carece de legalidad, seguridad jurídica y la presunción de inocencia”. Luis Martínez, exfiscal general de la República.
Martínez se quejó que tras su captura le decomisaron su celular y su computadora personal con la autorización del Juzgado Octavo de Instrucción vaciaron toda la información, sus documentos, fotografías y todo el registro de llamadas personales, sin darle la oportunidad de controvertir hechos que la Fiscalía formuló en su contra.
El acusador particular, Mario Calderón, rechazó el intento del exfiscal Martínez y Arriaza de restarle legalidad a los audios.
Ellos alegan que las escuchas telefónicas no son legales pero hay una autorización del juez , hay una justificación para las escuchas y son legítimas”. Mario Calderón, víctima en el proceso.
Afirmó que ellos quieren destruir ese fundamento porque saben que es prueba importante pero tampoco es el único, hay muchos otros elementos de prueba que se van a conocer en el juicio.
Ellos han pretendido jugar con el Órgano Judicial, pomponear para un lado y otro, pero eso creo que ahora no lo van a poder hacer en este tribunal”. Mario Calderón, víctima en el proceso.