La audiencia inició el sábado y culminó ayer domingo. / DEM
El exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez, continuará detenido mientras el juicio denominado Operación Corruptela continúe su fase de instrucción, según decretó ayer el Juzgado Cuarto de Paz, por una posible participación en la red de corrupción que presuntamente operó al interior de la Fiscalía General de la República (FGR) entre 2013 y 2015.
La jueza que ventiló el caso, Nelly Pozas, ordenó además decretar detención provisional para Julio Adalberto Arriaza González, exdirector de Defensa de la Sociedad de la FGR, por considerar que existe “una alta probabilidad de fuga”, pero el resto de imputados que comparecieron en la audiencia inicial serán procesados en libertad.
El tribunal consideró que hay suficientes elementos para una probable responsabilidad de ambos imputados, que pasarán a la fase de instrucción. Su decisión, afrimó, se basó principalmente en las declaraciones de los testigos criteriados, y los alegatos de la representación fiscal, que intervino las conversaciones entre el exfiscal y el expresidente de la República, Mauricio Funes Cartagena.
Martínez está siendo procesado por 15 delitos, siete de ellos nuevos y ventilados en la audiencia del fin de semana. Después de enfrentar cargos por omisión de investigación, incumplimiento de deberes, cohecho y revelación de información reservada, desde 2016; ahora es imputado por peculado, negociaciones ilícitas, cohecho propio, falsedad documental agravada en grado de instigador, omisión de otras investigaciones, y lavado de dinero y activos.
La FGR sostiene que en diciembre de 2015, el exfiscal habría recibido un préstamo de $220,000 para el pago de su casa de habitación, un inmueble al borde del embargo, ubicado en la Residencial Joyas de Las Piletas, Santa Tecla, por parte de Aldo Parducci. Sin embargo, el dinero sería en realidad una dádiva por la obtención de beneficios en el arrendamiento del edificio donde actualmente funciona el archivo de la institución, propiedad de Parducci.
El exfiscal se habría reunido además con los empresarios Enrique Rais y Hugo Blanco Rais para informarles sobre los casos desarrollados en su contra y posteriormente archivarlos, a cambio de cuatro vehículos y 96 viajes privados, valuados en $1.3 millones por el Ministerio Público. Esto implicó, además, el impulso de investigaciones contra los enemigos personales de ambos empresarios.
Arriaza, por su parte, es acusado de tres delitos: falsedad documental agravada en grado de instigador, omisión de investigación, y privación de libertad por funcionario o empleado público en grado de instigador.
Falta de consistencia
El juzgado decretó instrucción formal con medidas sustitutivas para la esposa del exfiscal, Francesca García Rossi de Martínez, y el exgerente general de la FGR, Mauricio Antonio Yanes. La jueza consideró que la esposa de Martínez, acusada de lavado de dinero por utilizar $86,000 de una tarjeta de crédito, tenía “una participación mínima” en el caso.
“Advierto en esta investigación un común denominador: la falta de consistencia en los señalamientos hechos por los testigos”, aseguró. Para los otros 12 imputados restantes, la jueza resolvió decretar instrucción formal sin medidas sustitutivas, a pesar que la FGR había pedido detención para 10 de ellos, y medidas sustitutivas para dos.