El exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez, llegó ayer al Juzgado Segundo de Instrucción a cumplir con la medida de firmar cada cierto tiempo y pidió que se le permita ser procesado en libertad.
“Permítannos defendernos en libertad como corresponde… hemos demostrado que estamos en la disponibilidad de estar presentes en cualquier diligencia que se nos requiera y cumplir con todas las medidas que el juzgado nos impuso”, afirmó el extitular de Justicia.
El exfuncionario señaló que la investigación se hace en Centros Penales, y él junto a otros imputados no tienen relación con la institución, debido a que trabajan en la policía.
La Cámara Tercera de lo Penal ordenó recapturarlo argumentando peligro de fuga y que pueden entorpecer en la investigación.
Su defensor, Pedro Cruz, consideró que los dos magistrados en la Cámara Tercera de lo Penal “no conocen mucho de ley“ y han revertido las medidas en una resolución que “causa espanto en la comunidad jurídica porque no hay fundamentos sólidos, se vulnera y se viola la Constitución, los tratados internacionales, se viola todo el ordenamiento jurídico penal y procesal penal con una innecesaria e ilegal, inhumana e injusta detención provisional en un caso que se ha demostrado que no hay prueba en contra de los procesados y que han mostrado su disposición de someterse a la investigación”, afirmó.
La intención del exministro, ayer, era ponerse a la disposición de las autoridades, tras la orden de la cámara, sin embargo, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador aún no la ha girado, porque no ha recibido la notificación de los magistrados.
La jueza Sexto de Paz de San Salvador resolvió el 15 de septiembre, que los 21 exfuncionarios acusados de actos arbitrarios, peculado, incumplimiento de deberes, cohecho propio e impropio y falsedad documental agravada, fueran procesados en libertad en la fase de instrucción, solo cumpliendo medidas.
Él y los otros procesados son acusados de supuestas irregularidades en el manejo de fondos de las tiendas institucionales de Centros Penales
Caso fue auditado
Ramírez Landaverde dijo que este mismo caso ya fue investigado en la Corte de Cuentas, en las instancias internas de la PNC y en el juzgado Contencioso Administrativo de San Salvador y en todas esas instancias, las demandas fueron ganadas por ellos, “incluso la Fiscalía descartó los ilícitos en varias ocasiones”.
Dijo que el Juzgado Contencioso Administrativo hasta ordenó que se le cancelaran los sueldos dejados de pagar por la cesación de labores en que estuvo. Agregó que independientemente, de lo que otras autoridades dijeron tras sus capturas, ni la Fiscalía ni el Juzgado Sexto de Paz en la acusación, les han culpando de cosas que no son.