Fotografía: Gabriel Aquino.
El juicio contra el exministro de Seguridad, René Mario Figueroa y su esposa, Cecilia Alvarenga fue reprogramado por el Tribunal Primero de Sentencia San Salvador para el 16 de agosto, con el fin de que Fiscalía y abogados defensores acuerden un procedimiento abreviado y la identificación de bienes de los imputados para resarcir al estado $3.7 millones.
Esa es la suma de dinero que Fiscalía le atribuye al exministro Figueroa y su esposa, no justificó ante la sección de Probidad, de la Corte Suprema de Justicia, ni durante el proceso judicial, por lo que es considerada como lavado de dinero y activos.
La reprogramación del juicio fue solicitada por la defensa en busca de una salida alterna al proceso.
Fiscalía está dispuesta a escuchar la propuesta y de acuerdo con los lineamientos del fiscal general, que los hechos no queden impunes y se combata la la corrupción, se va analizar la propuesta y evaluar si se acepta o no”. Fiscal del caso.
La fiscalía reiteró que con esta negociación de juicio abreviado se busca que el Estado recupere $3.7 millones, supuestamente mal utilizado por Figueroa y su esposa.
De acuerdo con la Fiscalía, los hechos que pudieron haber constituido lavado de dinero y activo se remontan a la administración del expresidente Elías Antonio Saca, entre 2004 y 2009, cuando supuestamente el exfuncionario peculó, al sustraer dinero del tesoro público, que luego se transfirieron a sociedades o agencias de publicidad para hacerlos llegar a Radiodifusores de El Salvador y de ahí a bolsillos de los procesados.
Esos fondos, luego fueron invertidos supuestamente por Figueroa en depósitos a plazos, otros depósitos en efectivos de él y su esposa, al tiempo que utilizaban sus sociedades para poder lavar el dinero”. Fiscal del caso.
El procedimiento abreviado es una opción que el Código Procesal Penal brinda, pero para que sea efectivo, debe ser avalado por la Fiscalía General de la República y autorizado por el tribunal que lleva la causa.
Para esto, los imputados además de comprometerse a pagar la suma de dinero reclamada, deben aceptar los cargos penales y los hechos que conllevaron a cometerlos.
Como ventaja, los imputados obtendrían la tercera parte de la pena mínima con la que se sanciona el delito de lavado de dinero y activo.
El delito de lavado de dinero es castigado con penas de 5 a 10 años de prisión, por lo que la pena mínima podría ser menor a tres años, que es cambiada por trabajo de utilidad pública.
Hace tres años, el expresidente Antonio Saca se sometió a un procedimiento abreviado y confesó haber desviado $300 millones del Tesoro Público a cuentas personales.