En el caso El Chaparral, la investigación final realizada por la Fiscalía General de la República, ha determinado que el expresidente Mauricio Funes junto a cinco imputados más afectaron al Estado de El Salvador por un monto de $45,244,418.
El fiscal general Raúl Melara confirmó la mañana de este viernes, que hoy presentarán en el Juzgado Noveno de Instrucción el dictamen de acusación (carpeta final de investigación) por los delitos de peculado, lavado de dinero, agrupaciones ilícitas y cohecho activo.
El expresidente Funes, como reo ausente es señalado específicamente de los delitos de lavado de dinero, agrupaciones ilícitas e instigador en el delito de peculado, por no haberse sometido al proceso tendrá que ser separado de la causa penal al igual que su compañera de vida, Ada Mitchel Guzmán Sigüenza, acusada lavado de dinero.
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Los otros imputados son: Miguel Menéndez Avelar “Mecafé”, quien enfrentará la audiencia preliminar por lavado de dinero, peculado, cohecho activo y agrupaciones ilícitas; el expresidente de CEL, José Leopoldo Samour Gómez, por peculado, Mario Federico Piagostini Maiochi, representante de Astaldi por cohecho activo (soborno) y José Efraín Quinteros, por lavado de dinero; los tres imputados también son señalados de agrupaciones ilícitas“Este grupo de personas liderados por el señor Mauricio Funes Cartagena, dice hacer un arreglo directo contraviniendo todas las normativas internas y para ello contratan una firma legal con la misión que gestionase el arreglo directo. Ya había una planificación para cometer los delitos”, sostuvo German Arriaza.
La investigación final detalla que con el aval de Funes, “Mecafé” asumió un papel protagónico en el plan para apropiarse de fondos del Estado, ya que su papel fue determinante en el arreglo directo con la empresa italiana Astaldi y eludir un arbitraje.
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El arreglo directo permitiría obtener un beneficio económico de unos $3.5 millones, para eso, Samour Gómez y Menéndez Avelar tras ser nombrados, entre el 10 y 12 de junio de 2012 viajaron a Panamá para constituir las empresas "offshore" Headford Bussiness y Reyne Services, donde se iba depositar el dinero que iban a obtener en concepto de dádivas.
Todo estaba bien planificada, la trama se evidencia cuando el 2 de junio de 2012, José Leopoldo Samour Gómez, le expone a la junta directiva de CEL que se iba hacer el arreglo directo, autorizándose un monto de $105 millones, pero el 5 del mimo mes el exfuncionario hizo una nueva propuesta y la aumentó a $108.5 millones.
“Es aquí donde se establece el delito de peculado, porque dinero del Estado fue destinado en beneficio de terceros, en este caso a la Sociedad Astaldi”, explicó German Arriaza. En el rastreo que la Fiscalía hizo detectó que esos $108.5 millones pagados por el arreglo directo fue a parar a paraísos fiscales. Esos fondos se movieron a Suiza, Islas Marshall y Curazao.
Cuando se adjudicó el proyecto se hizo bajo un contrato llave en mano fijando un precio que obligaba a la Sociedad Astaldi a no variar el monto de la obra y entregarla en mil 500 días, no se cumplió y a pesar de eso se finiquitó a dicha empresa en junio del año 2012, pero en el fondo hubo supuestamente un interés dinerario por parte de Mecafé,
Leopoldo Samour, el expresidente Mauricio Funes y demás imputados, según la acusación que presentará la Fiscalía y donde solicitará que el caso pase a vista pública.