Cinco de los acusados tienen medidas alternas a la detención, después de vencerse los dos años de detención provisional. / Gabriel Aquino.
Diez jóvenes de entre 22 y 27 años de edad enfrentan un juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia, tras ser acusados de extorsionar a un empresario de Mejicanos, a quien le exigieron $600 mensuales, a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia.
Cinco de los acusados están presentes en el juicio, a ellos se les venció el plazo de la detención provisional y quedaron en libertad condicional; cinco más siguen la diligencia a través del sistema virtual desde las prisiones Izalco, fase II, La Esperanza (Mariona) y Quezaltepeque.
La investigación de la Fiscalía y la Policía Nacional Civil concluyó que los diez acusados participaron en la recolección de la extorsión que la víctima con clave “Jade” entregó en cinco ocasiones entre febrero y octubre de 2017.
El fiscal del caso manifestó que el ofendido negoció con los extorsionistas, que el monto exigido no estaba a su alcance, por lo que ofreció $300 mensuales y los sujetos aceptaron.
Las entregas comenzaron a partir del 28 de febrero de 2017 y concluyeron en octubre de ese año, en las que diez jóvenes, algunos repartidores de alimentos, mecánicos de enderezado y pintura, albañiles y vendedores de ocupación, fueron identificados uno a uno por las autoridades, cuando supuestamente recibían el dinero que la víctima entregaba.
En las cinco entregas controladas de dinero por parte de la víctima, se logró identificar a las diez personas que están en la vista pública”, afirmó el fiscal.
El juez Segundo de Sentencia afirmó que este proceso ha tenido inconvenientes que se ha reprogramado en cuatro veces debido a la inasistencia de defensores, no estaba la víctima o los investigadores policiales o chocaba con otras diligencias del tribunal y se tenía que suspender.
Esperamos una condena para los diez imputados; la pena por el delito de extorsión es de 10 a 15 años y si es agravado hasta 20 años, en este caso es agravado porque se realizó con la participación de dos o más personas y las amenazas a muerte”, detalló el fiscal.
Rodolfo Zometa, uno de los abogados defensores, cuestionó la tardanza que ha tenido este proceso, casi cuatro años y el plazo permitido para realizar un juicio es de dos años como máximo, y así establecer sí una persona es inocente o culpable.
La defensa ha insistido que la víctima que tiene régimen de protección nunca ha existido porque en toda la etapa, la ofendida solo se conoció al inicio y después ya no se vio, ni siquiera reconocimiento de personas se hizo, esa es una anormalidad, porque la víctima debe estar presente en todas las fases”, afirmó el defensor.