Los ahora condenados aseguran que solo exigían su carné y que son profesionales de la salud.


El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a diez días multas a seis exvoluntarios de la Cruz Roja Salvadoreña tras hallarlos culpables del delito ejercicio violento del derecho al protestar contra la administración de esa institución, el 14 de agosto de 2019.

El salario mínimo en El Salvador es de $304.2, de modo que cada exvoluntario de la Cruz Roja deberá pagar $100.66 al estado como parte de su condena.

La Fiscalía los acusó de desórdenes públicos por entorpecer las actividades cotidianas de la institución, al poner candados y cadenas en todos los portones e impidiendo el acceso de las autoridades y los usuarios.

El juez fundamentó el fallo de condena contra los exsocorristas en las declaraciones de al menos seis testigos y vídeos que reflejan la protesta, que ellos realizaron para exigir a la administración la entrega de sus carné de identificación.

También valoró que los colaboradores en su protesta cerraron los portones, les pusieron candado e impidieron que el personal ingresara a las instalaciones a trabajar, así como a los usuarios que acuden a diario para donaciones de sangres y atenciones médicas.

El juzgador aclaró que esos fueron los hechos que incidieron en su fallo, pero que no se demostró que hayan agredido física o verbalmente a sus superiores, ni se estableció que realizaran otras acciones violentas. Por esa razón modificó el delito de desórdenes públicos al ejercicio violento del derecho.

Agregó que los exvoluntarios tenían todo el derecho a manifestarse, pero sin cerrar los portones de la institución.

La protesta


Uno de los procesados, identificado como Ricardo Araujo, explicó que en esa ocasión protestaban por la perpetuidad que tiene el Consejo Ejecutivo dentro de la Cruz Roja.

Dijo que son personas que tienen 20 y 30 años en los mismos cargos y las elecciones son "antidemocráticas, porque el voluntariado a nivel nacional no puede elegir a sus autoridades".

Ellos también pedían que la Corte de Cuentas auditara los fondos que no son públicos en la institución.
“Este tipo de denuncia caló fuerte, al punto que no nos quisieron carnetizarlos y por eso estamos luchando desde 2019”. Ricardo Araujo, exvoluntario de Cruz Roja condenado.

“Esos fueron los motivos que nos llevó a una protesta pacífica, donde no hubo ningún momento violento, pero ellos nos acusan ante la Fiscalía de desórdenes públicos agravados, estamos seguros que en el juicio las autoridades se darán cuenta que no fuimos violentos”, sostuvo previo a la resolución.

Los exvoluntarios aseguraron que todos son profesionales de la salud y que no son delincuentes y que realmente han exigido derechos de todos los voluntarios.

“No botamos portones, no quemamos llantas ni reventamos cohetes, nada de eso. Las imágenes hablan por si solas”, afirmo Araujo.

La fiscal del caso afirmó que los voluntarios que fueron enjuiciados fueron expulsados por indisciplina.