El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, afirmó que la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador envió “un mensaje de desesperanza a la niñez” con la resolución en el caso del magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, acusado por el delito de agresión sexual en una menor e incapaz.
Tobar consideró que los magistrados de la Cámara, al establecer que los tocamientos a una menor atribuidos al magistrado Escalante Díaz no constituyen un delito, desalienta la denuncia de las víctimas y normaliza que cualquier vulneración a la niñez deba mantenerse en secreto.
Criticó que la Cámara haya argumentado que por la forma en cómo sucedieron los hechos, éstos no pueden calificarse como una agresión sexual.
“El hecho de que los tocamientos hayan sucedido en la vía pública, a una hora iluminada, desacreditan que éstos pudieran tener como “fin perseguido por el sujeto activo, que es la satisfacción’, llama la atención que si ese no era el fin, ¿cuál sí lo era?”, cuestionó.
A su juicio, la interpretación que da la resolución de la Cámara justifica la conducta del magistrado y hace que la víctima en lugar de sentirse protegida por el sistema de justicia, se culpabilice.
“Es importante que se judicialicen todos los casos de violencia sexual, en aras de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, en donde imperen las reglas del debido proceso, el enfoque de género, y, en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, el interés superior de este grupo poblacional”, sostuvo.
Recomendó al Estado acatar la observación del Comité de los Derechos del Niño sobre la insuficiente aplicación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (Lepina), para lo cual piden se asignen los recursos pertinentes para su aplicación; además de la revisión de las disposiciones sobre los procedimientos administrativos y judiciales para garantizar el acceso a la justicia de los niños y niñas y su protección.
También sugirió a la Fiscalía apelar el fallo y se obtenga así una resolución apegada a los derechos humanos de la niñez y adolescencia.
Caso por cárcel para magistrado
Anoche, el presidente de la República, Nayib Bukele, divulgó un memorándum del director de la PNC, Mauricio Arriaza, donde dice remitir un oficio de la Cámara Primero de lo Penal, informando la dirección del magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz para resguardarlo en arresto domiciliar.
“El Magistrado Escalante deberá guardar prisión domiciliar, mientras la Sala de lo Penal revisa la apelación de la Fiscalía. Debería estar tras las rejas, pero al menos, por ahora, no andará libre por las calles”, escribió Bukele. Fuentes fiscales confirmaron que no han presentado apelación, aún, sobre lo resuelto por la Camara.