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El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, afirmó que la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador envía "un mensaje de desesperanza a la niñez" con la resolución en el caso del magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, acusado por el delito agresión sexual en una menor e incapaz.
Tobar consideró que la Cámara al establecer que los tocamientos a una menor atribuidos al magistrado Escalante Díaz, no constituyen un delito, desalienta la denuncia de las víctimas y normaliza que cualquier vulneración a la niñez deba mantenerse en secreto.
Criticó que la Cámara haya argumentado que por la forma en cómo sucedieron los hechos, estos no pueden calificarse como una agresión sexual. "El hecho de que los tocamientos hayan sucedido en la vía pública, a una hora iluminada, desacreditan que éstos pudieran tener como “fin perseguido por el sujeto activo, que es la satisfacción”(4), llama la atención que si ese no era el fin, ¿cuál sí lo era?", cuestionó.
A su juicio, la interpretación que da la resolución de la Cámara justifica la conducta del magistrado y hace que la víctima en vez de sentirse protegida por el sistema de justicia, se culpabilice.
"Es importante que se judicialicen todos los casos de violencia sexual, en aras de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, en donde imperen las reglas del debido proceso, el enfoque de género, y, en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, el interés superior de este grupo poblacional", sostuvo.
Recomendó al Estado acatar la observación del Comité de los Derechos del Niño sobre la insuficiente aplicación de la LEPINA, para lo cual piden se asignen los recursos pertinentes para su aplicación; además de la revisión de las disposiciones sobre los procedimientos administrativos y judiciales para garantizar el acceso a la justicia de los niños y niñas y su protección.
También sugirió a la Fiscalía apelar el fallo y se obtenga así una resolución apegada a los derechos humanos de la niñez y adolescencia.