También será puesta a la orden del juzgado la doctora Cindy García de Portillo, representante legal de la empresa Diprolab, S.A. de C.V., sociedad que suministraba reactivos a través de compras directas al IML. Según la acusación fiscal, los encargados del mencionado departamento estuvieron desde el año 2013, favoreciendo a García de Portillo, con las compras directas a un precio superior del 20 % del valor real en el mercado.
A la empresaria la representación fiscal le atribuye los delitos de estafa, venta a precio superior y falsedad ideológica. El caso comenzó a ser investigado tras dos auditorías que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) realizó y donde detectó anomalías en el procedimiento de compra de reactivos.