Ayer el Fiscal General, Douglas Meléndez, aseguró que el martes 7 de agosto presentaron la solicitud a la jueza especializada para que ratificara las medidas de inmovilización de bienes, e iniciar un proceso de extinción de dominio, es decir, buscan que los bienes pasen a manos del Estado, porque a criterio del Ministerio Público, fueron obtenidos o intervenidos con dinero de origen ilícito.
En el proceso penal, Fiscalía acusó de lavado de dinero y peculado al expresidente de la República, Antonio Saca y seis colaboradores: Élmer Charlaix, César Funes, Julio Rank, Francisco Rodríguez, Jorge Herrera y Pablo Gómez; los seis primeros se han declarado culpables de los delitos en el juicio que aún sigue.
Ayer, Meléndez explicó que han incautado $1.5 millones en efectivo, 11 locales, las seis sociedades del expresidente Saca, entre ellas el Grupo Samix (Ver nota aparte), y tres haciendas: Una de 400 manzanas, ubicada en El Cauca, El Rosario, en el departamento de La Paz. Otra en la hacienda Lombardía, El Amate, en el mismo departamento, y una tercera, la hacienda San Mauricio, en Tecoluca, San Vicente.
También fueron incautados cinco propiedades al exsecretario de comunicaciones de la presidencia, Julio Rank, entre ellas un rancho de playa en San Blas, La Libertad, según Fiscalía.
Sobre los bienes de César Funes, el fiscal dijo que siguen procesándolas. El Conab publicó una lista de bienes donde aparecen residencias y ranchos de playa del exjefe de la unidad financiera, Francisco Rodríguez, que ayer pasaron a ser administradas por el Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab).
De manera símbolica, el jefe fiscal inició la incautación de bienes en la mansión Saca, lugar de residencia del exmandatario hasta el día de su captura, el 30 de octubre del 2016.
Solo Charlaix por vía civil
El Fiscal también explicó que Élmer Charlaix será el único de los imputados cuyos bienes serán perseguidos a través de la vía civil y no por extinción de dominio porque existe una condena en su contra por enriquecimiento ilícito y la Sala de lo Constitucional prohibió la doble persecusión.
“Deben, los abogados representantes del imputado Charlaix desistir de la apelación de ese juicio que es una de las condiciones”, dijo Douglas Meléndez.
