La Fiscalía General de la República se quejó que desde el 3 de julio del 2020 el Gobierno inició una campaña contra empresarios que supuestamente han evadido impuestos y los ha demando penalmente antes de agotar el proceso administrativo de cobro.
El jefe de la dirección de Defensa de Intereses del Estado, David Acosta, afirmó que de 58 avisos por incumplimiento tributario que el Ministerio de Hacienda presentó a Fiscalía, en 38 casos, equivalente al 66% de la totalidad, la Dirección General de Impuestos Internos no había terminado la gestión administrativa de cobro que establece el artículo 251 literal A del Código Penal, lo que ha hecho que Fiscalía tenga que archivar esos procesos y esperar que agote esa vía.
“Lamentablemente cuando nosotros le hemos estado requiriendo a Hacienda que nos informe si se ha agotado la fase administrativa como requisito de prejudicialidad para proceder a presentar el requerimiento o acusación, en la mayoría de casos se ha nos informado de que no, por lo que eso nos obliga a archivar diligencias y requerirles o pedirles a ellos que se concluya con la fase administrativa para poder proceder por la vía penal”, concluyó el funcionario.
Y es que este trámite no es antojadizo, sino parte de otras diligencias previas que tenían que hacerse en el Ministerio de Hacienda para proceder ante Fiscalía.
Se ha tenido casos donde los ciudadanos han presentado amparos ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el máximo tribunal ha dictado medidas cautelares, lo que nos ha obligado a inmovilizar los expedientes hasta que haya una resolución en vista de considerar que es necesario que se agote la fase administrativa por parte de Hacienda”, recalcó Acosta.
Acosta se basó en el Amparo 354 de 2020, en el que la Sala de lo Constitucional le ordenó a la Fiscalía, en la resolución del 7 de octubre del año pasado, que cese a “toda actividad investigativa, debido a que Hacienda no había agotado el procedimiento administrativo”.
Ayer, en su informe de labores, el fiscal Acosta mencionó que el 70 % de los casos presentados por Hacienda por supuesta evasión no agotaron los procedimientos requeridos.
Errores
Un ejemplo de saltarse el debido proceso sucedió el año pasado con la empresa Intratex, en el que su representante legal fue detenido por supuesta defraudación del fisco, según los ministros de Seguridad, Rogelio Rivas y de Hacienda, Alejandro Zelaya, por más de $293 millones.
Días después cuando el caso llegó a la Fiscalía General de la República y presentó la acusación ante el juzgado, la supuesta evasión era de un poco más de $5 millones y al ser analizado el caso ante la Cámara Tercera de lo Penal, resultó que habían errores de forma y no de fondo en la declaración de la renta y el Impuesto al Valor Agregado IVA correspondiente a 2017.
Tras su resolución la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador exoneró de cargos al representante legal de Intratex.