Los 45 empleados de la Unidad de Desechos Sólidos de la alcaldía de San Salvador, víctimas de la retención o apropiación ilegal de las cuotas laborales descontadas de su salario desde hace casi un año, salieron más desilusionados de lo que entraron a la audiencia.
“Nos preocupa la condición económica de todos los ofendidos, la mayoría tienen préstamos que no están pagando, todos cotizan en el Seguro Social, tienen emergencias. Consideramos que la apelación se convierte en una alternativa para controlar la decisión judicial”, afirmó el querellante.
El abogado agregó que insistirá ante la Fiscalía General de la República para que se agote toda la fase administrativa y eventualmente solicitar una acción de conversión penal, es decir que la acción pública en contra de quien se presentó el aviso se convierta en una acción privada. En otras palabras, el abogado hizo alusión que solicitará que las investigaciones en este caso alcancen hasta el alcalde capitalino Ernesto Muyshondt, sin precisar detalles.
Señalan a edil.
El abogado dijo que la manera en que se ha presentado este caso parece un tanto especial y que se controlará a través de un recurso de apelación ante un tribunal superior. Y esa misma inquietud expresaban algunas de las víctimas como Marta Alicia Hurtado quien afirmó que ella demandó al alcalde “porque es quien autoriza al tesorero que cancele la deuda. “Yo me sorprendí ahora que era el tesorero el demandado, porque el alcalde delega autoridad”.
“No entiendo por qué quieren responsabilizar (de la falta de pago) a la pagadora de Desechos Sólidos, si el alcalde autoriza los fondos”, cuestionó la señora.
El alcalde capitalino, Ernesto Muyshondt, argumentó el miércoles que por un error Fiscalía había acusado al tesorero municipal y no a la pagadora de Desechos Sólidos.
Explican.
La Fiscalía afirmó que solicitan una responsabilidad civil solidaria de la alcaldía de San Salvador por $678,684.
“Como Fiscalía General de la República no podemos atribuir una conducta sino se cumplen los verbos rectores del delito por ese motivo en este caso se le ha atribuido la conducta delictiva al tesorero”, afirmó la fiscal. Añadió que el artículo 245 del Código Penal establece que comete delito el empleados, el pagador o la persona que de conformidad con la ley tiene la responsabilidad de hacer las retenciones de las cuotas previsionales de los empleados.
“En el seguro me dijeron que no me pagarían”
Marta Alicia Hurtado, una empleada de Desechos Sólidos de la alcaldía de San Salvador afirmó que se cayó y fue llevada al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), donde le advirtieron que la iban atender porque iba grave, pero la incapacidad que le dieran no se la podían pagar porque la comuna no estaba al día con el pago de sus cuotas.
Se quejó que la preocupación que los bancos le cobraban y la había descalificado en su calidad de cliente, también sufrió un derrame cerebral, debido a la preocupación, aseguró ayer en la audiencia inicial en el Centro Judicial Isidro Menéndez.
“Los bancos nos llaman a cada momento”
Porfirio Ramos López es otra víctima de la retención de cuotas laborales; él se queja de que los bancos a cada momento lo llaman para avisarle que lo van embargar porque ha caído en mora. “Nosotros queremos que se haga justicia con el señor alcalde Ernesto Muyshondt porque a mí me deben las cuotas de AFP desde el año pasado”, manifestó Ramos. Agregó que en su caso, hay retraso en el pago de las cuotas de los créditos por adquisición de casa con el Fondo Social para la Vivienda y no tienen asistencia médica en el Seguro Social por el mismo problema. Afirmó que hay compañeros en mora con las cuotas de sus hijos.