El exfiscal Luis Martínez está detenido en el sector 9 del penal de Mariona. / Archivo DEM.
Fiscales y abogados defensores que participan en el juicio contra José Adán Salazar Umaña, conocido como “Chepe Diablo”, el exalcalde de Metapán, Juan Umaña, y tres de sus parientes acusados de lavado de dinero y activos también han sido nombrados en la audiencia preliminar en caso “Corruptela” por iniciar este jueves 7 de enero.
Ante la simultánea representación, el Tribunal Segundo de Sentencia acordó extender constancias a los fiscales y defensores indicando que están acreditados en la diligencia que se desarrolla desde hace dos meses, documento que los profesionales deberán presentar en el Juzgado Cuarto de Instrucción para justificar su ausencia y no caer en falta.
El Juzgado Cuarto de Instrucción ha programado para este 7 de enero la audiencia preliminar en contra 30 imputados, entre ellos, el expresidente Mauricio Funes, Enrique Rais y el exfiscal general, Luis Martínez, los primeros dos prófugos de la justicia en Nicaragua y el segundo en Suiza.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, el expresidente Funes, el exfiscal Martínez y el empresario Rais lideraron entre 2012 y 2015 una red de supuesta corrupción que daba y recibía dádivas a funcionarios que tenían intereses en expedientes que estaban en investigación en la fiscalía.
La fiscalía ha explicado que en este caso, el expresidente Funes supuestamente sobornaba al exfiscal Martínez para detener las investigaciones de El Chaparral, donde él está implicado, mientras que Rais prestaba sus aviones a Martínez a cambio de promover casos falsos.
Por esa razón, Fiscalía los acusa de los delitos de peculado, cohecho (soborno), negociaciones ilícitas, falsedad documental agravada y omisión a la investigación.
¿Y el juicio de “Chepe Diablo”?
En la jornada de este miércoles, correspondió a los defensores interrogar al cuarto perito que expuso la investigación que atañe a Romelia Guerra Argueta, exesposa del exalcalde Juan Umaña, también procesado por el mismo caso.
El abogado defensor en su interrogatorio al experto hizo hincapié en cuál era la documentación que establecía que Guerra Argueta era asalariada y que además era accionista de Agroindustria Gumarsal y cinco sociedades más entre ellas Molinos San Juan, Arrocera San Pablo y Graneros de Centroamérica.
Según la pericia financiera contable ordenada por la Fiscalía, Guerra Argueta tenía un patrimonio al 31 de diciembre de 2003, de un poco más de $30,000, un vehículo de $3,000 y cuatro terrenos en Metapán.
Además, que en condición de asalariada declaró un ingreso de $144,742.25 de 2003 al 4 de abril de 2017. La investigación financiera también descubrió de 2008 a 2012 tuvo participación en las acciones de Gumarsal y en cinco sociedades más por un valor de $255,630.
Como resultado de sus acciones en las sociedades, Romelia Guerra Argueta obtuvo un ingreso de $1,133,137.26, aunque curiosamente, en los libros de Gumarsal y sociedades relacionadas, la señora no figura como accionista, tampoco se refleja en los libros contables su aporte de capital en las empresas.
La pericia financiera de la fiscalía ha relatado que los imputados enviaban dinero desde Gumarsal a sociedades en El Salvador, que no tenían ninguna operación, y a su vez, estas las trasladaban a sociedades en Panamá, quienes entregaban el dinero a la familia Samayoa Umaña; por este recorrido de dinero, la fiscalía concluye en que la estructura lavó más de $132 millones.