La investigación ha sido abierta luego que la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, certificara al fiscal general, Raúl Melara, por supuestos delitos cometidos por las autoridades en las detenciones.
La Sala de lo Constitucional acumuló siete habeas corpus de personas retenidas en los centros de contención de la Villa Olímpica, el Polideportivo de Ciudad Merliot, la Casa de oración de la Santísima Trinidad, en el departamento de Cuscatlán, también en en el centro de retiro católico de Ayagualo y en el Instituto Nacional de los Deportes (INDES).
En estos habeas corpus, las autoridades demandadas son el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza; el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas; el ministro de la Defensa, René Merino; y los jefes de las delegaciones de Monserrat, Centro de San Salvador, Ilopango, Soyapango y el jefe de la Sección Táctica Operativa (STO) de Santa Ana.
Principalmente, los magistrados de la Sala piden al fiscal que investigue posibles delitos por parte de los policías de Ilopango, STO de Santa Ana y en la Villa Olímpica.
La Sala ha designado a los Tribunales Segundo de Sentencia y Cuarto de Sentencia, ambos de San Salvador, para que intimen a las autoridades demandadas en el procedimiento de los habeas corpues y en paralelo se seguirá la investigación por posibles delitos en la fiscalía.