La Fiscalía General de la República apeló la resolución judicial que el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador emitió el 15 de septiembre y que dejó en libertad bajo medidas a los exfuncionarios del expresidente Salvador Sánchez Cerén, mientras seguían vinculados al proceso judicial en su contra.

Los procesados en este caso fueron: Mauricio Ramírez Landaverde (exministro de Justicia), Marco Tulio Lima Molina (exdirector de Centros Penales), Raúl Antonio López (exviceministro de Seguridad), José Roberto Nóchez Melara, Sergio Ernesto Chicas Mejía, Luis Alonso Barrera Peñate, Orlando Elías Molina Ríos, Ramón Fernando Roque Mártir, José Luis Hércules Avalos y María Flores.
En la audiencia inicial, la Jueza Sexto de Paz dictó medidas sustitutivas a favor de los imputados presentes, con la que Fiscalía no está de acuerdo y por eso interpone el recurso de apelación en contra de las medidas sustitutivas a favor de los acusados”. Fiscal del caso.

“Estas personas eran las que formaban parte de la junta directiva de Asocambio y además eran exfuncionarios de Justicia y Seguridad y de la Dirección General de Centros Penales, ellos trasladaron todo el activo fijo de las Tiendas Institucionales a la asociación Yo cambio”, detalló.

La fiscal dijo que los exfuncionarios pretendían trasladar todo el dinero en efectivo que Tiendas Institucionales tenía en 21 cuentas que estaban adscritas a la Dirección General de Centros Penales.

Fiscalía asegura que esa pretensión no fue lograda porque el sistema financiero se negó a abrir las cuentas a nombres de Asocambio y hacer ese traslado de fondos de 21 cuentas con cantidades millonarias de dinero.

Los exfuncionarios son procesados por los delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho propio y falsedad ideológica.

El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, señaló que los capturados fundaron y dirigieron Asocambio en agosto de 2018 con el objetivo de apropiarse de las utilidades de las tiendas en centros penales.

Delgado detalló que los fondos de las tiendas fueron utilizados a discreción de los funcionarios, "pasando por encima de controles" como la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), y considerando que Asocambio funcionaba como una entidad privada y no pública al estar registrada como una organización no gubernamental.