José Adán Salazar, conocido como "Chepe Diablo", acusado de lavado de dinero.
El quinto perito de la Fiscalía General de la República declaró ayer sobre la intervención de llamadas telefónicas en el juicio que el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador desarrolla contra el empresario José Adán Salazar Umaña, el exalcalde de Metapán Juan Umaña Samayoa y tres de sus parientes, acusados de blanquear más de $132 millones entre 2003 y 2017.
A juicio de Fiscalía, el perito ha confirmado que los imputados evadieron el impuesto de importación de materia prima de los países suscriptores del Tratado de Libre Comercio, entre ellos Estados Unidos, haciendo uso de licencias concedidas a otras sociedades y personas ajenas a Agroindustria Gumarsal para ahorrarse el 40 % del impuesto que se debían pagar al Ministerio de Hacienda.
La intervención de llamadas telefónicas fue autorizada por el Juzgado Séptimo de Instrucción para aplicarse a 11 números de teléfonos celulares de nueve sospechosos de lavado de dinero y activos, entre septiembre y noviembre de 2016.
“En ese periodo se escucharon llamadas telefónicas de José Adán Salazar Umaña, Juan Umaña, Wilfredo Guerra, Romelia Argueta entre otros, así como otras personas con quienes ellos tenían relaciones comerciales. Con las escuchas se estableció el modos operandi de las sociedades, la identificación de algunos bienes y la relación en general con los investigados”, afirmó el fiscal.
Asimismo se identificó el manejo de la estructura de José Adán Salazar y Juan Umaña Samayoa y su grupo empresarial, que en 2016 se reestructuraron al dejar de funcionar sus empresas primarias como Gumarsal, Molino San Juan, Arrocera San Pablo, Graneros de Centroamérica entre otras, tras verse afectadas con el cierre de sus cuentas bancarias por la intervención de sus empresas en el inicio de este proceso judicial.
“Se determina que siguieron operando, se prestaban licencias de importación y todo eso era decidido por el señor Wilfredo Guerra Umaña, uno de los principales acusados y que es prófugo, él decidía la licencia de qué empresa se iba a utilizar en determinado momento, a nombre de quien se facturaría, todo eso se captó en diversas intervenciones de fecha y hora, luego se clasificaron y se resumieron en el informe pericial”, aclaró el fiscal.
El perito dedicó de 45 a 50 días escuchando miles de llamadas en las que los imputados sostenían conversaciones, pero seleccionó de 300 a 400 llamadas, de las que extrajo un resumen de las conversaciones que ofreció al Tribunal Segundo de Sentencia.
En las llamadas se establecieron relaciones comerciales del grupo empresarial con la alcaldía de Metapán y otras alcaldías, en cuanto a la venta de combustible, se detectaron conversaciones de posibles exfuncionarios del gobierno de turno (en la administración de Salvador Sánchez Cerén) entre ellos del Ministerio de Economía, Educación y Cultura, aunque no se dice el nombre completo de los funcionarios, pero que se deduce que las comunicaciones tenían como fin relaciones comerciales normales.
Al final, las escuchas telefónicas, según la fiscalía, abonan a la imputación de defraudación a la renta de aduanas y que prueba el delito de lavado de dinero y activos por el cual están siendo juzgados y que la fiscalía concluye que se utilizó de forma fraudulenta la excepción arancelaria para no pagar impuesto por productos de origen de países suscriptores del Tratado de Libre Comercio como Estados Unidos, República Dominicana y México.
“Ellos utilizaban las cuotas o licencias de importación que daba el Ministerio de Economía a los pequeños importadores, utilizando la de otro para evadir el impuesto de aranceles aduanales, sin embargo ellos o los imputados, lo han querido negar y aseguran que fueron compras internas o en el país; sin embargo la pericia ha determinado cuál era la forma, por ejemplo de Gumarsal, que pagaba otros impuestos e IVA, hacía las transferencias de pago pero el producto venía a nombre de otra persona que tenía la licencia”, detalló el fiscal.