El pasado 5 de enero se desarrolló la audiencia inicial del caso Chaparral en el Juzgado Noveno de Paz, del Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador; ahí el Ministerio Público oficializó su acusación en contra del exmandatario Mauricio Funes, el empresario Miguel Menéndez, y el expresidente de CEL, Leopoldo Samour, por una supuesta dádiva que recibieron de Astaldi cuando abandonó las obras de la represa en 2012.
Aunque la FGR pidió reserva total del caso, la jueza ordenó la parcialidad bajo el fundamento que se incluyen nombres de menores de edad y testigos bajo el régimen de protección. A la audiencia inicial solo asistió la parte defensora de Menéndez y el asesor jurídico de CEL, Óscar Lara, para expresar que “están en disposición de colaborar”.
En la audiencia, la representación fiscal señaló que “desde antes que Samour llegara a la presidencia de CEL (él) sabía del acuerdo” del pago de $108.5 millones a la empresa italiana Astaldi y que, incluso, existía un entendimiento que Menéndez era quien tomaba las decisiones al interior de la autónoma.
Samour fue nombrado como presidente de CEL en 2012. Sin embargo, cuando Funes llegó a Casa Presidencial, en junio de 2009, designó a Nicolás Antonio Salume Babún como el titular de la estatal y quien ya se había desempañado en este cargo durante la administración de Elías Antonio Saca.
¿Qué pasó según la FGR?
La acusación de la Fiscalía indica que cuando Samour llegó a la presidencia de CEL negoció con el representante de la empresa italiana Astaldi, Mario Pieragostini, el pago de los mencionados $108.5 millones, pero esta suma era $45.2 millones superior al monto que debía pagar el Estado salvadoreño por los trabajos que realizó la compañía.
De esos $45.2 millones, continuó la FGR, la empresa italiana entregó $3.5 millones en dádivas a Menédez a través de sociedades que creó en Panamá. De esa suma se obtuvieron fondos para la constitución de Latin America Spas, vinculada al exmandatario Funes y su pareja Ada Mitchell Guzmán.
A “Mecafé” se le acusa de peculado, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas. Su abogado defensor, Carlos Escobar, indicó este sábado que “después de hacer un análisis jurídico” no se encuentran elementos para determinar que su cliente cometió instigación, al igual que solicitó a la jueza un examen pericial de carácter contable financiero para determinar si hubo existencia del segundo delito.
“En agrupaciones ilícitas no se dan los elementos propios que la doctrina y la ley establecen”, indicó, porque según los argumentos de la Fiscalía “tiempo antes de ser electo Mauricio Funes como presidente ya se estaba fraguando, dice –se refiere a la FGR-, para cometer el delito y ni sabía si iba a ganar (Funes)”.
Asimismo, Escobar indicó que “se le hizo el planteamiento a la señora jueza” de una posible “doble persecución” alegando que “en el proceso anterior hay elementos que se han manejado en la historia de los hechos en este caso”.
“Mecafé” es actualmente procesado por los delitos de lavado de dinero y activos en el caso “Saqueo Público”, mismo que involucra al expresidente Funes de una supuesta sustracción de $351 millones de fondos públicos durante su administración.
El caso Chaparral fue judicializado el pasado 4 de enero, en contra del expresidente Funes, Miguel Menéndez, Leopoldo Samour, y también el italiano y representante de Astaldi, Mario Pieragostini, así como la actual pareja del expresidente Funes, Ada Mitchell Guzmán, y el contador José Efraín Quinteros, quien se encargaba de ocultar a los testaferros, según la fiscalía.
El fallo de la audiencia inicial será dado este lunes por la jueza Noveno de Paz de San Salvador.