A pocos días de terminar el juicio contra la esposa del expresidente, Antonio Saca, y siete personas más ligados al caso, la fiscalía ha reiterado que ella conocía los movimientos de dinero que permitieron extraer más de $300 millones de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial a cuentas personales, y de las cuales en $17.6 millones tiene responsabilidad. Ayer, en los alegatos, la fiscalía también sotuvo ante el tribunal que no hay documentación que respalde, que Ana Ligia Mixco de Saca era empleada pública con salario, para justificar los $10,000 que recibía mensuales.
La Fiscalía señaló que solo hay un documento que indica que la exprimera dama fue secretaria de la Secretaría de la Familia en la administración de su esposo, pero que su cargo era ad honorem.
Un fiscal manifestó que existe una sentencia que vincula al exfiscal general, Luis Martínez, y en la que el tribunal concluye que los sobresueldos es una forma de lavar dinero, de ahí que lo que deja entrever la participación delictiva de la exprimera dama.
La fiscalía añadió que en este caso, denominado “Destape a la Corrupción II”, se cometieron seis tipos de lavado de dinero: los depósitos a plazo, los $10,000 mensuales a Ana Ligia de Saca, transformación de dinero hacia bienes muebles e inmuebles como cuando la exprimera dama recibía dinero a través de sus tarjetas de crédito, el uso de tarjetas de crédito para obtener bienes y servicios.
Además, transformación de bienes inmuebles y muebles a dinero, cuentas bancarias, y la transabilidad de dinero de una cuenta a otras para desvanecer el rastro del dinero.
En el caso de Óscar Mixco Sol, su participación delictiva quedó enmarcada supuestamente por abrir cuentas bancarias, firmas de cheques y administración del Grupo Radial Samix.
El proceso.
Para hoy se espera que la defensa presente sus alegatos finales y podría haber una réplica, además del derecho de última palabra, donde los imputados pueden dirigirse al tribunal y exponer por qué son inocentes.
Junto a Ana Ligia y su hermano, también son procesados seis supuestos empleados del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), quienes habrían lavado $9 millones, según la fiscalía.
Sobre ellos, la investigación tampoco arroja documentación que indique que fueron empleados del OIE, y que el dinero lo recibieron en concepto de su trabajo.
En la primer parte de este caso, Antonio Saca fue condenado a 10 años de cárcel, luego de confesar que él había ideado extraer los $300 millones y blanquearlas hasta llegar a cuentas propias, pero la fiscalía había pedido inicialmente 20 años de cárcel para él; la confesión ayudó a reducir la pena a la mitad.
Ahora su esposa quien es juzgada por el mismo delito, y en juicio ordinario, deberá esperar la resolución del tribunal.