Según datos obtenidos a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, en dicho periodo las personas que más desaparecieron fueron quienes rondaban las edades de 18 y 30 años de edad. Del total, 403 fueron hombres y 220 mujeres, y en unos 50 privados, la Fiscalía no tiene determinado el sexo de los desaparecidos.
El Código Penal no contempla el delitio de desaparición sino de privación de libertad; el término es tipificado sólo cuando se trata de las desapariciones forzadas, realizadas por agentes del Estado.
En la información revalda, el departamento de San Salvador fue donde más privaciones denunciadas ante la Fiscalía General hay; hasta el cierre de marzo, habían 202 personas privadas y solo en la capital salvadoreña, habían 42.
Seguido, Soyapango es el segundo municipio con más desaparecidos, en el departamento, 34 en total y Apopa, el tercer municipio, con 25.
En Sonsonate, la Fiscalía registra 68 privados de libertad, este año. En el municipio con el mismo nombre, habrían sido privadas 16 personas y 11 en Izalco, mientras que 10 en Nahuizalco.
En tercer lugar, Santa Ana tiene registros de 67 personas a quiénes la libertad les fue cohartada.
El municipio con el mismo nombre es donde hay más personas desaparecidas: 37 en total, seguido de Metapán donde hay ocho personas privadas de libertad. y El Congo, donde siete personas están desaparecidas.
En marzo, recién pasado, el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, reveló que las cifras de desaparecidos en 2016, superaban los 3,800 y dijo que a pesar de la disminución de homicidios, las desapariciones, habían aumentado.
Ante esto, el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, dijo que dudaba que la Fiscalía depurara los casos de desaparecidos.
“Habría que preguntarse si de los registros fue borrada esa persona como desaparecida”, dijo Cotto el pasado 21 de marzo.
Desde el 2014, hasta el primer trimestre del 2017, la Fiscalía ha encontrado 159 cementerios clandestinos con 222 cuerpos.
Diario El Mundo preguntó si con los hallazgos de estos cadáveres, la Fiscalía resolvió los casos de las denuncias por privaciones de libertad, secuestro y desapariciones forzadas, a lo que se limitaron a decir: “Sí se han resuelto casos con la localización de víctimas en cementerios clandestinos”.
La semana pasada, la Fiscalía proceso dos cadáveres en una tumba clandestina en Apasatepeque, San Vicente.
Cuatro mil privaciones
En la misma información proporcionada por la Fiscalía expresan que el año pasado hubo 3,771 privaciones de libertad, 32 secuestros y 14 desapariciones forzadas, mientras que en 2015, la cifra de denuncias por privaciones aumentó a 4,149.
Ese mismo año, los secuestros fueron 33 y las denuncias por desapariciones forzadas, 14.
Un año antes, incluso, la cifra fue mayor, las denuncias por privaciones de libertad fueron 4,440 y los secuestros 25, mientras que las desapariciones forzadas denunciadas fueron nueve.
El Código Penal castiga con prisión de tres a seis años a quien cometa el delito de privación de libertad, mientras que el secuestro, es sancionado con una pena entre los 30 y 45 años de cárcel.
La misma normativa establece que el delito de desaparición forzada de personas será sancionada con una pena de cuatro a ocho años de prisión. “El funcioanrio o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública, que detuviere legal o ilegalmente a una persona y no diere razones sobre su paradero, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta del cargo o empleo respetivo po el mismo término”, dice el Código.
159 cementerios
Desde el 2014 hasta el primer trimestre del 2017, la Fiscalía encontró 159 cementerios clandestinas.
222 cadáveres
Las tumbas clandestinas procesadas por la Fiscalía contenían 222 cuerpos, según la Unidad de Acceso a la Información Pública.
