Ayer, el fiscal general, Raúl Melara, y el fiscal anticorrupción, German Arriaza, dieron datos sobre el caso y con-firmaron que presentarán la acusación mañana en el Juzgado Décimo Segundo de Paz, de San Salvador. / Diego García
El fiscal general, Raúl Melara, y el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), German Arriaza, revelaron que el exdiputado del FMLN y expresidente de la Asamblea Legislativa, Othon Sigfrido Reyes Morales, construyó una estructura con la que lavó $6 millones.
Arriaza explicó ayer que parte de la investigación tiene que ver con la compra de cinco terrenos que hizo la sociedad Terrenos e Inversiones S.A. de C.V. (Terrein), propiedad del exdiputado efemelenista y de su asesor legislativo, Byron Enrique Larrazábal Arévalo, al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) a un precio bajo.
Según la FGR, en ese caso están ligados los empleados del IPSFA: René Antonio Díaz Argueta, quien era el gerente general y será acusado de estafa agravada e incumplimiento de deberes.
También Delmy Beatriz Vela Jiménez, jefe del departamento de inmuebles, y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, coordinadora de ventas del departamento de inmuebles de esa institución; ambas señaladas de los mismos delitos que su superior.
“Emiten un dictamen técnico, en el que argumentan situaciones que permitían bajar el precio real de esos lotes, pues fueron adquiridos por esta sociedad, en la que el señor Sigfrido Reyes era socio juntamente con el señor Larrazábal, a un precio inferior, provocándole un perjuicio al Estado de más de $105,000”, dijo ayer Arriaza.
El fiscal no explicó cuáles fueron esas situaciones que permitieron a los empleados del IPSFA bajar el precio de los terrenos.
En 2014, una investigación periodística de La Prensa Gráfica reveló que Reyes y su asesor Byron Enrique Larrazábal Arévalo compraron los cinco lotes a un costo de $440,501.01, un precio más bajo que el que el Instituto ofertaba en la residencial Greenside Santa Elena, Nuevo Cuscatlán.
En ese entonces, la Corte de Cuentas de la República (CCR) hizo una auditoría que no detectó irregularidades; sin embargo, según el fiscal German Arriaza, en la administración del fiscal Melara solicitaron una nueva auditoría que si arrojó hallazgos.
“En esa auditoría que se citaba anteriormente, los equipos técnicos informaron que habían irregularidades que reportar, la encargada de la auditoría solicitó los papeles de trabajo, elaboró un nuevo informe en donde se establecía que no habían hallazgos”, relató el fiscal Arriaza ayer.
Por ello, dijo que giraron órdenes de captura contra Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, subdirectora de auditoría 1 de la CCR, quien será acusada de falsedad documental e incumplimiento de deberes; Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández, ambos auditores de la contraloría, señalados de incumplimiento de deberes.
Esta auditoría fue hecha durante la gestión del magistrado Johel Valiente; ayer, el fiscal general no descartó investigar más personas.
El fiscal general dijo que la esposa de Sigfrido Reyes, Susi Melba Rodríguez, capturada la noche del 9 de enero en la colonia Satélite de San Salvador, movió dinero “lo estratificó, lo metió en cuentas bancarias, lo invirtió, ella fue parte de manera consciente o inconsciente, pero también cometió delito”, dijo.
Autoviáticos
El fiscal Arriaza también explicó que detectaron que el exdiputado Reyes se apropió de unos $106,000 a través del cobro de viáticos de unos 56 viajes, y supuestas misiones oficiales en la Asamblea Legislativa.
“Él cuando asume la dirección de la Asamblea Legislativa, modifica el reglamento de viáticos a fin de que el solicitante, en el caso de él en particular, era quien solicitaba el viático y él mismo se lo autorizaba”, dijo Arriaza.
El fiscal explicó que Reyes y sus acompañantes se quedaban más tiempo del que en realidad duraba la misión y cobraba la totalidad de los viáticos.
“Por ejemplo, si la misión estaba establecida para tres días, se quedaban 10 días en el lugar y se cobraban los viáticos de los 10 días”, ejemplificó el jefe de la unidad anticorrupción.
Un nexo al narco
El fiscal general, Raúl Melara, también confirmó la captura de Marco Antonio Bercián, hijo del fallecido Asmael Bercián “El coronel Bercián”, un narcotraficante reconocido de los años 90, cuyo hijo también es un pandillero de la MS, prófugo de la justicia, apodado “El Barney”.
Los Bercián habrían hecho negocios con la familia de los Sigfrido y Earle Reyes Morales, además de Byron Larrazábal, a través de una de las sociedades investigadas por la fiscalía: Eko Lime.
Según investigaciones periodísticas de El Faro, “El Coronel Bercián” vendió 11 terrenos ubicados en San Julián, Sonsonate, por $80,000 a Eko Lime, y tres años después la sociedad se los revendió a Marco Bercián, al mismo precio. Ayer la fiscalía no explicó si la captura corresponde a este caso.
El Ministerio Público tampoco aclaró de dónde salen el resto de millones que supuestamente blanquearon los 14 acusados.
Además de Terrein y Eko Lime, la fiscalía ha investigado una tercera sociedad ligada a Reyes: Lubbex, pero tampoco aclaró por cuáles ilícitos. Aún falta conocer cuáles son los hechos delictivos cometidos por la asistente de Reyes, Karla Beatriz Recinos, quien es una de los cuatro prófugos, junto a los hermanos Reyes y Larrazábal.
El fiscal general dijo que saben que Sigfrido Reyes salió del país el 22 de noviembre y su último registro migratorio fue en Francia. “Se especula que puede estar en algún país de Europa como Rusia”, dijo Melara.
Añadió que el exdiputado no ignoraba que era investigado, luego de constantes publicaciones en medios de comunicación y defendió la confidencialidad de las investigaciones.
