El empresario López Davidson fue capturado el pasado 14 de agosto de 2020./ Óscar Machón.
El juez Quinto de Instrucción, Sidney Blanco, dio cuatro meses a la Fiscalía General de la República para que investigue la permuta de armas de la Fuerza Armada con la empresa Centrum, en 2013, en el que supuestamente el Ministerio de la Defensa recibió armas que no funcionaban.
Por este caso son procesados los exministros de la Defensa:
- David Munguía Payés (por los delitos de peculado y falsedad documental agravada)
- Y José Atilio Benítez Parada (por el delito de peculado)
- El representante legal de Centrum, Carlos Gustavo López Davidson
- Héctor Abel Herrera
- Manuel de Jesús Romero, los tres por el delito de cómplice necesario en el ilícito de peculado.
- En este proceso que consta de 1,798 páginas también es acusado Rafael Melara por el delito de cómplice necesario en el delito de peculado y falsedad documental agravada.
Este último, el juez resolvió con vista de la acusación quien seguirá ligado al proceso sin ninguna medida.
En ese plazo de instrucción que finaliza el 14 de enero, Fiscalía deberá realizar "una investigación razonable encaminada a la recolección de todos los elementos que permitan fundamentar la acusación y preparar la defensa de los imputados", afirmó el juzgador.
El Ministerio Público solicitará una pericia contable financiera para establecer a cuándo asciende el monto total del supuesto detrimento del Ministerio de la Defensa.
El juez Blanco ha citado a las partes involucradas para este viernes para comunicarles su decisión.
Todos imputados en este caso cumplen medidas alternas a la prisión.
El pasado 20 de agosto, los imputados presentes fueron puestos en libertad, según la decisión del Juzgado Quinto de Paz de San Salvador quien estableció que el requerimiento presentado por la fiscalía tiene lagunas probatorias.
En su resolución, el juez expresó que:
“No se cumple el principio de legalidad de probar la existencia del delito por falta de pericia de funcionamiento de los obuses y valúo, en la fase de instrucción se pueden practicar esos actos de investigación”. Resolución del juez Salomón Landaverde, el 20 de agosto.