La Fiscalía General de la República reveló hoy que mantiene bajo investigación 206 expedientes por crímenes ocurridos en el conflicto armado salvadoreño y de estos ya logró llevar a juzgados 26.
Son 26 casos los que están judicializados, la mayoría de ellos, el 95 % en sede judicial bajo la normativa sustantiva del 1983 y de 1974, en estos procesos la fiscalía se acreditó y se está dando impulso como (los casos de) El Mozote, Monseñor Romero, Jesuitas, Río Sumpul y otros más". Fiscal Julio César Larrama, coordinador de la unidad especializada de delitos cometidos en el conflicto.
El fiscal Larrama rindió un informe de avances para el cumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad 44-2013 que revirtió la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz; a la Sala de lo Constitucional, el fiscal dijo que la unidad tiene cuatro fiscales y desde la última audiencia de seguimiento se ha fortalecido en recursos para desarrollar las investigaciones.
El representante de la fiscalía añadió a los magistrados que cinco investigadores de la Policía Nacional Civil están trabajando directamente con la unidad especializada.
Obstáculos
El fiscal Larrama dijo a los magistrados que los casos son complejos porque se tratan de crímenes ocurridos hace 30 o 40 años y que requieren levantamiento de datos en el territorio.
Explicó que para las investigaciones han hecho 20 exhumaciones y se han capacitado para evitar revictimización en los denunciantes.
Sin embargo, el principal obstáculo que tienen es la falta de información principalmente por la Fuerza Armada.
Nos encontramos con valladares, muros fuertes… cuando pedimos información concretamente al Ministerio de la Defensa Nacional ellos sostienen que no los tienen, si nos dan información, pero única y exclusivamente, cuando pedimos quién era el jefe, quien era el ministro pero de operaciones militares siempre nos dicen que no las tienen". Julio César Larrama, coordinador de la unidad especializada de delitos cometidos en el conflicto.
La Sala de lo Constitucional citó hoy al Ejecutivo, Legislativo, demandantes, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a una audiencia de seguimiento para recibir informes de cumplimiento de la sentencia sobre la Ley de Amnistía.
A la audiencia compareció el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce; representantes de la Presidencia de la República, de los Ministerios de Hacienda y de la Defensa Nacional, la el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, los demandantes y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca) en su calidad de amigos del tribunal.