El expresidente Mauricio Funes se retractó esta mañana de una acusación de supuesto sicariato contra cinco estudiantes de bachillerato -todos menores de edad- de una institución educativa de Santa Ana, a los que había acusado de ser parte de una supuesta conspiración para secuestrarlo en Nicaragua y traerlo por puntos ciegos a El Salvador.

"Eliminé el tuit en el que se publica la fotografía de los supuestos ejecutores del operativo en mi contra ante el reclamo de una institución educativa del país que niega su involucramiento. Pido disculpas públicas ante este error que no tenía la intencion de dañar su reputación", reaccionó Funes esta mañana.

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Funes había denunciado en Twitter a los supuestos sicarios que atentarían contra él en Nicaragua -donde huyó y se nacionalizó- y aseguró que estaban resguardados en el Regimiento de Caballería esperando instrucciones. En las fotos se ven a cinco jóvenes con uniforme e identificados como Óscar Argueta, Fidel Mena, Rafael Zelaya, Rolando Cisneros y Brian Ayala.



Un comunicado de la Sociedad Educativa Manuel José Arce, propietaria del Colegio Militar Coronel Andrade Cabrera, de Santa Ana, en la que negaban el involucramiento de los jóvenes en cualquier acto ilegal.

Pese a retractarse, Funes insistió esta mañana la existencia del supuesto plan: "Por lo demás, sigo sosteniendo la existencia de un plan de la derecha salvadoreña en coordinación con algunos funcionarios del gobierno de Bukele de intentar extraditarme hacia El Salvador usando métodos ilegales que atentan contra mi integridad física y la de mi familia".

El exmandatario acusó la noche del viernes al presidente Nayib Bukele, al hermano de éste Karim Bukele, al director del OIE, Peter Dumas, al diputado de Gana, Guillermo Gallegos y al director de la PNC, Mauricio Arriaza de ser los supuestos autores del complot en su contra.

Funes tiene cinco órdenes de captura en El Salvador. Es acusado de delitos de lavado de dinero, peculado, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, negociaciones ilícitas, tráfico de influencias, relacionados al uso de gastos reservados por $350 millones y la adjudicación del proyecto El Chaparral a la empresa italiana Astaldi, S.A.