El exmandatario argumentó una violación a su derecho de defensa, ya que no tiene abogado en el proceso, para controvertir lo que él llama una “escueta y cuestionable evidencia testimonial” que la Fiscalía General de la República ha incorporado como prueba al expediente.
“A pesar que la PGR nombró una defensora pública, ésta nunca se presentó a ninguna de las diligencias del proceso y no ha ejercido la defensa real desde que se decretó la detención y la difusión roja en mi contra. En lugar de eso fue designada jueza interina en otro tribunal”, publicó Funes.
En esta causa judicial, la Fiscalía menciona que Funes estructuró una red para sustraer de la cuenta institucional del Tesoro Público de Casa Presidencial $351 millones en su mandato.
Junto al expresidente son procesadas otras 31 personas, quienes supuestamente colaboraron para que entre los años 2009 al 2014, se desviaran los fondos públicos.
El expresidente también informó que presentó un aviso en la Fiscalía contra el extitular de esa institución, Douglas Meléndez y al exjefe de la Unidad de Investigación Financiera, Jorge Cortez, por crear prueba falsa para acusarlo.