Medio centenar de víctimas que fueron estafadas a través del uso del mercado de divisas y especulaciones, en el caso Forex llegaron hoy a la quinta planta, del edificio D, del Centro Judicial Isidro Menéndez con la esperanza de que los tres hermanos Rivas asistirían y llegarían a un acuerdo de pago sobre los $2,000,000 supuestamente estafados.
Al menos dos horas esperaron las víctimas y al no presentarse los imputados: los hermanos Carlos José, Gerardo Javier y José Ricardo Rivas Álvarez, el juez Octavo de Instrucción de San Salvador decretó una nueva orden de captura con difusión roja para la Policía Internacional (Interpol) por estafa en perjuicio de 54 víctimas que han formalizado su demanda.
Fuentes judiciales informaron al inicio de la audiencia que los imputados habían conciliado de forma extrajudicial con 22 víctimas, por casi $35,000 y que quedaban pendientes con 32, estafadas por un poco menos de $2,000,000.
La esperanza que aguardaban esas 22 personas era que, con la venia de los imputados, el juez autorizaría la conciliación a la que habían llegado, pero las esperanzas nuevamente se vinieron abajo.
Más de $10 millones estafados
Los hermanos Rivas Álvarez tienen al menos cuatro procesos de estafa abiertos en los juzgados salvadoreños por más de $10 millones. Ellos estafaban a través de la plataforma Forex (Portalconsultorforex.com).
De acuerdo al fiscal del caso, la mayoría de las víctimas eran referidas por otras personas que habían invertido en Forex, obteniendo ganancias del 10 % y hasta el 20 % sobre la inversión. El único requisito que pedían era que retiraran el dinero hasta después de un año. Los interesados tenían que invertir cantidades no menores a $1,000.
Además, a través de la plataforma Forex se mostraban a sus posibles inversionistas como una empresa de administración de fondos de inversión, bajo comerciales Smartfx, Consultor Forex, Sig Capitales y Spintx.
Sus oficinas estaban ubicadas en el Edificio Word Trade Center, en la Colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo a las investigaciones ellos no estaban autorizados para captar fondos públicos.
Según registros migratorios los imputados salieron del país, por lo que en los primeros tres procesos, que se encuentran acumulados en el Juzgado 8° de Instrucción, ya contaban con difusión roja.