Ramírez Landaverde manifestó que estuvo en dos reuniones con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la semana pasada. / Capres


El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde puso en entredicho la declaración final del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, quien hizo una visita oficial la semana pasada.

Ramírez negó que el funcionario de la Organización de las Naciones Unidas pidiera al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, la derogación de las medidas extraordinarias de seguridad, que se aplican en seis penales, desde el 2016.

“En lo personal tuve la oportunidad de participar en dos reuniones con el señor Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en ninguna de ellas ha mencionado, ni por cerca, la necesidad de derogar las medidas extraordinarias, en ningún momento”, dijo ayer Ramírez, al ser cuestionado por la prensa nacional.

Al Hussein es el primer funcionario de ese nivel de la ONU que visita El Salvador, y en su declaración final condenó la violencia que han desencadenado las pandillas en el país.

“Insté al Presidente que derogue las medidas extraordinarias y garantice acceso a estos centros de detención a las organizaciones internacionales independientes, incluyendo mi Oficina”, dice la declaración final de Al Hussein.

El enviado de la ONU señaló y tildó de “inhumanas”, las medidas extraordinarias con las que el Estado salvadoreño ha buscado tener el control de las cárceles: “Han colocado a miles de personas en detención prolongada y aislamiento bajo condiciones realmente inhumanas, sufiendo suspensiones de visitas de sus familiares”, dice.

Ayer el ministro de Justicia y Seguridad también puso en entredicho la petición del funcionario de la ONU, quien pidió al Estado, reconocer los desplazamientos forzados en el país.

“Yo creo que por parte del gobierno está claramente reconocido que tenemos ese problema, lo que no podemos reconocer porque los datos no nos lo orientan de esa manera es que sean de esa única causa”, dijo Ramírez.

El encargado de la seguridad pública en el país explicó que la causa principal de los desplazamientos forzados es “la económica” y en segundo lugar, la búsqueda de la reunificación familiar, mientras que en un tercer lugar, la violencia.

“La principal causa continúa siendo la económica. Hay una segunda causa que está creciendo que es la búsqueda de reunificar a las familias, la tercera son todo lo relacionado a la violencia, es decir, todavía en el país, el porcentaje principal de casos por los cuales las personas migran o se mueven de sus lugares de trabajo es la búsqueda de oportunidades de empleo de desarrollo”.

Al consultar por qué el funcionario de la ONU insiste en que el país debe reconocer los desplazamientos, el ministro de Seguridad no descarta que Al Hussein tenga datos errados.

“Perdón que insista... ¿entonces quiere decir que ellos tienen datos errados?”, preguntó este medio a Ramírez Landaverde. “Seguramente, respondió, porque los datos con los que nosotros contamos son de estudios y de procesos como entrevistas a profundidad a personas retornadas, entre otros, es decir, la movilidad de personas dentro del territorio nacional continúa siendo un problema multicausal”, acotó.