El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, suscribió un acuerdo de cooperación con el recién nombrado fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, que obligará al fisco a entregar un aumento presupuestario de hasta un 20 % "por cada dólar" que recupere la Fiscalía por los avisos de evasión de impuestos, presentados en el último año por funcionarios de Hacienda.
La medida, anunciada esta tarde, se enmarca en el Plan Antievasión Fiscal que inició el Ministerio de Hacienda desde el pasado 3 de octubre de 2019, y que ha llevado a sede fiscal al menos 87 avisos de presunta evasión de impuestos, detectadas por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
El titular de Hacienda aseguró que la DGII ha presentado un total de 87 avisos de denuncia por supuesta evasión fiscal desde octubre de 2019, los cuales suman al menos $71 millones en supuesta defraudación al fisco. Sin embargo, de estos, "solo cuatro casos fueron diligenciados" por la FGR, entonces dirigida por el exfiscal general Raúl Melara.
Con este acuerdo, finalmente vamos a tener esa coordinación y esas ganas para generar todos esos fondos que tanto hacen falta al país en este momento". Alejandro Zelaya, Ministro de Hacienda.
Zelaya indicó que Hacienda otorgará "una comisión" a la Fiscalía General de la República, específicamente a la Dirección de la Defensa de Intereses del Estado, "por cada dólar que se recupere" como parte del plan antievasión.
De acuerdo a Zelaya, la comisión dependerá de la mora que acumula el caso específico. Así, se dará un aumento del 10 % al presupuesto de la Dirección si la deuda acumula de 1 a 2 años de mora; y un 15 % si el caso tiene acumulados 2 a 3 años de mora.
El ministro de @HaciendaSV asegura que la @FGR_SV aplicará el artículo 270 A del Código Tributario, que permite nombrar como fiscales adhonorem a auditores de Hacienda, que estarán encargados de detectar los casos y también investigarlos desde la Fiscalía.
Vía @ilihissell pic.twitter.com/Bmq6JjjWzs
— Diario El Mundo (@ElMundoSV) May 7, 2021
Como máximo, las deudas tributarias que superan los 4 años y sean recuperadas por la Fiscalía en un proceso penal, la comisión será de un 20 %, indicó el ministro de Hacienda. Para financiar este plan, según Zelaya, se pedirá una reforma al presupuesto general de la nación ante la Asamblea Legislativa.
En el acuerdo, además, se incluye una cláusula para nombrar a auditores del Ministerio de Hacienda como "fiscales adhonorem" para apoyar al Ministerio Público en la persecución de los casos. Según Zelaya, esto es permitido por el artículo 270 A del Código Tributario.
Sin embargo, admitió que necesitarán solicitar una reforma ante la Asamblea Legislativa para aumentar el alcance que tienen los auditores. Según el titular de Hacienda, esta medida permitirá duplicar el número de peritos que la adminsitración tributaria le confiere a la Fiscalía para liderar los procesos judiciales que requieren expertos en materia tributaria.
¿Casos improcedentes?
Más de un 70 % de los casos de supuesta evasión fiscal que Hacienda lleva cada semana a la Fiscalía, no se pueden judicializar, según admitió el exdirecto de la Defensa de los Intereses del Estado, David Acosta; ahora destituido por el nuevo fiscal general.
Según indicó Acosta, los casos presentados por Hacienda son, en su mayoría, improcedentes: la Dirección General de Impuestos Internos (antes dirigida por Zelaya), no agota el procedimiento administrativo que establece el artículo 251, literal A del Código Penal.
Con la llegada del nuevo fiscal, impuesto por la bancada oficialista, Hacienda finalmente podría finalmente procesar estos casos, según admitió el ministro de Hacienda.
Agradecemos al fiscal porque, si bien es cierto su trabajo es la persecución del delito, en este caso la persecución del delito contra la Hacienda pública; en el pasado nosotros nos hemos topado con muchísimos inconvenientes". Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda.
El fiscal general Rodolfo Delgado, respaldó la declaración de Zelaya y aseguró que esta decisión "no se trata de una cacería de brujas". Advirtió, además, que los "buenos empresarios "que pagan sus impuestos "no tienen de qué preocuparse".