José Adán Salazar Martínez, acusado de lavado de dinero.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador cambió la detención provisional en que se encontraba José Adán Salazar Martínez, hijo del empresario hotelero, José Adán Salazar Umaña, también conocido como “Chepe Diablo” por libertad condicional o con medidas, además le impuso una fianza de $15,000.
José Adán (hijo) se presentó voluntariamente al Juzgado Cuarto de Instrucción, el 24 de febrero, luego de cuatro años de andar huyendo.
Por esa razón, Salazar Martínez fue separado del proceso contra cinco imputados detenidos entre ellos; su padre; José Adán Salazar Umaña, el exalcalde de Metapán y Juan Umaña en 2017.
Otros que fueron separados por encontrarse prófugos fueron Wilfredo Guerra, Tránsito Ruth Mira, y a Haydée Salazar de Umaña.
El incremento patrimonial no justificado está desglosado en vehículos, inmuebles y acciones, sin explicar el origen de los fondos”. Fiscal del caso
La acusación.
Entre tanto el hijo del empresario hotelero es acusado por la Fiscalía de blanquear $12 millones provenientes de supuestas actividades ilícitas, dinero que aparentemente fue inyectado al sistema financiero nacional para lavarlo y con ello dar la apariencia de legalidad ente 2003 al 2017.
Según Fiscalía, el un incremento patrimonial no justificado de José Adán, hijo, estaba desglosado en vehículos, inmuebles y acciones sin explicar el origen de los fondos.
La defensa sostuvo en todo momento que José Adán, hijo al igual que los demás procesados, son empresarios éxitosos con muchos negocios, especialmente, gasolineras y hoteles, lo que a juicio de ellos, explica el origen lícito de los fondos.
Pese a esa argumentación de los abogados defensores, la jueza Cuarto de Instrucción de San Salvador consideró el 28 de mayo, en la audiencia preliminar que había suficientes pruebas para que Salazar Martínez vaya a juicio.
En una audiencia especial, una juez interina del Cuarto de Instrucción, cambió la medida de detención por medidas sustitutivas y le puso una fianza de $50,000, pero Fiscalía apeló y la Cámara Primero de lo Penal, le dio la razón, que debía seguir en prisión.
En el caso del primer juicio, la Cámara Segunda de lo Penal resolvió que el proceso contra los cinco imputados “ya era cosa juzgada” y ordenó anular todas las diligencias y dejarlos libres en respuesta a un recurso presentado por la defensa.