La querella dijo que si la petición del general Flores Lima es aceptada no afecta porque tanto Duarte como Gutiérrez están muertos. / Rosa Fuentes


El juez de Segunda Instancia de San Francisco Gotera, en Morazán, Jorge Urquilla, leyó tres nuevos delitos en contra de 12 militares acusados por la masacre en el caserío El Mozote; los delitos son tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado.

Entre la docena de militares que llegó a la sede judicial se encontraban el exministro de la Defensa, Guillermo García y el exjefe de operaciones de la Fuerza Armada, Gabriel Contreras, quien fue incluido al proceso ayer.

En total deben ser intimados 17 militares, pero cuatro se ausentaron por razones de salud, dos están fuera del país y uno supuestamente murió el año pasado, pero la Fiscalía General de la República dijo que eso no consta.

De acuerdo con el juez Urquilla, las violaciones sexuales registradas durante el operativo denominado “Rescate” y que derivó en la masacre, se pueden considerar como tortura por jurisprudencia generada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

“Esta ampliación de los delitos no es caprichosa y deviene de las declaraciones de los testigos”, acotó el juzgador.

Los militares son procesados desde marzo de 2017, excepto Contreras que se incluyó hasta ayer, por los delitos de asesinato, violación, privación de libertad, violación de morada, robo, daños, estragos, actos preparatorios de terrorismo y terrorismo.

El juez les preguntó a los militares si tenían alguna duda de la intimación o si querían manifestar algo, a lo que el general Rafael Flores Lima respondió que “en el alto mando se ha mencionado al general García, al general Bustillo y a mi persona; en aquel momento, el ingeniero Duarte era presidente de la Junta de Gobierno… y a su vez el general Jaime Gutiérrez era el comandante en jefe, nunca los han mencionado y eso me preocupa porque ellos fueron hombres de consulta”. Flores Lima pidió al juez que los incluyera en el listado de acusados.

Mientras que el general Rafael Bustillo dijo, señalando a los familiares de las víctimas: “Muchos de los que nos acusan saben de las groserías que hizo la guerrilla. Yo fui testigo de las groserías que hizo el ERP; mataron a militares y carbonizaron niños”.

La sobreviviente María del Rosario Torres pidió respeto para las víctimas, dado que no tienen “ninguna culpa” por las acciones de la guerrilla.

Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades élite del Batallón A­tlacatl, de la Fuerza Armada, torturaron y ejecutaron “deliberada y sistemáticamente” a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y sitios aledaños.

Un registro estatal estima que la cifra de víctimas de El Mozote, unas 988 fueron ejecutadas, pero cerca de 500 han sido identificadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.