El Tribunal Quinto de Sentencia instaló el juicio contra los exdirectores de Centros Penales, Rodil Hernández y Nelson Rauda acusados de administración fraudulenta y actos arbitrarios por más de $208,000 provenientes de las tiendas institucionales entre los años 2012 y 2017.

“Ellos, al estar a cargo de la dirección general de Centros Penales, emitían órdenes para que de los fondos de las tiendas institucionales se cubrieran, gastos no contemplados en la ley correspondiente, con lo que se salían del marco legal para el cual habían sido creados”, afirmó el fiscal del caso.

La ley establecía que las ganancias deben utilizarse en beneficio de la población reclusa y no en otros fines como alegaron los acusados.

Una pericia contable, según Fiscalía, detalla los ilícitos y la participación delictiva de los imputados, quienes gozan de libertad condicional.
Hay una pericia contable que establece el periodo que cada uno de estas personas fungió como funcionario público y los monto que administraron de manera fraudulenta”. Fiscal del caso.

En el caso de Rodil Hernández, Fiscalía le reclama $121,238.69 y a Nelson Rauda $87,154.50.

Además, la Fiscalía ha propuesto prueba documental y testimonial, que incluye una docena de testigos para robustecer el caso y obtener un buen resultado.

Otra petición de nulidad.


Los abogados defensores tienen su propia postura frente al caso, sostienen que este es un juicio por “tiendas institucionales”, que se viene frustrando y que una cámara decretó su nulidad, pero este lunes se instaló.

Al inicio, la defensa solicitó al tribunal, declarar nulo el presente juicio contra Nelson Rauda por tratarse de hechos ya juzgados en un proceso que se ventiló en el Juzgado Especializado de Sentencia “A” y fueron absueltos.
Se ha planteado una nulidad porque Nelson Rauda ya fue procesado en otro caso y dentro de los nueve hechos que se alegaron en aquella oportunidad, ya estaba el manejo de tiendas institucionales y el pago para gastos de inteligencia”. Manuel Chacón, defensor.

El defensor añadió que para él se trata de “una doble persecución porque ninguna persona puede ser juzgada dos veces por la misma causa”.

Chacón dijo que la única diferencia es que en el otro juicio se alegaron nueve hechos y aquí solo el pago y gastos de salarios, bonificaciones e inteligencia.

“En el otro juicio fueron más hechos, sin embargo, el juez no lo consideró; ahora no se puede venir a decir que son hechos nuevos, si ya fueron conocidos por un tribunal de sentencia en aquel momento”, insistió Chacón.

Casos distintos


La Fiscalía por su parte y de acuerdo con el “cuadro fáctico” del nuevo proceso, niega que haya doble persecución; y lo mismo resolvieron los jueces del Tribunal Quinto de Sentencia, luego de revisar los procesos anteriores en los que se involucra; los hechos de este juicio son distintos a los casos del pasado y la diligencia deben continuar.

El juicio fue suspendido este lunes y se reanudará hasta el viernes 9 de julio, a petición del fiscal del caso, pues recién ha sido nombrado en este proceso y necesita ponerse de acuerdo con los testigos ofrecidos.