Además de Reyes, también son acusados, su esposa, Susy Melba Rodríguez y su hijo Luis Damián Reyes. A éstos últimos, la Fiscalía General de la República pide que devuelvan $13,000 al Estado.
La diligencia tiene como propósito que Fiscalía y abogados defensores tengan la oportunidad de aportar las pruebas de cargo y descargo que tendrán que ser analizadas por los magistrados y de esa forma admitirlas o rechazarlas.
El proceso civil contra el exparlamentario y su grupo familiar se realiza a pesar de que su defensa había pedido a la Cámara Segunda de lo Civil que declarara improponible la demanda en su contra por enriquecimiento ilícito, es decir, que no se realizara.
El abogado Pedro Cruz, alegó que la demanda presentada por la Fiscalía contra Reyes y su familia, no llenaba los requisitos mínimos que señala la ley, al tiempo que manifestó que Reyes, su esposa y su hijo; no manejaron fondos públicos.
“Existe jurisprudencia dictada en otros casos de parlamentarios, específicamente en el caso del diputado Reynaldo López Cardoza, demandado por enriquecimiento ilícito en el sentido que los diputados no manejaban fondos públicos”, señalaba la argumentación de la defensa.
El proceso.
Al exdiputado Reyes, Probidad le detectó al inicio 47 irregularidades por una cantidad de $1,357,579.03; entre esas anomalías se señalaron cuatro relacionadas a depósitos bancarios y adquisición de vehículos por $67,893.01, las 40 irregularidades restantes están vinculadas también a depósitos y retiros, vehículos, inversiones y pagos de deudas por una cifra de $1,249,186.69 .
Sin embargo, el 30 de julio del 2019, la Corte Suprema de Justicia remitió el proceso a la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, por una cifra menor para que se iniciara el juicio civil.
Este proceso inició invocándo la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, vigente desde el año 1959, la cual establece un régimen sancionatorio de multas y restituir al Estado lo que se ha adquirido indebidamente.
El artículo 20 de la normativa señala que cuando la sentencia sea condenatoria, los responsables serán sancionados a restituir al Estado lo que hubieren adquirido ilícitamente, además quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante diez años.
Julio 30 de 2019
La Corte Suprema de Justicia ordenó el juicio civil en contra de Sigfrido Reyes y su núcleo familiar.