La perito guatemalteca revisa documentos en Tutela Legal del Arzobispado. / Cortesía.
El Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, con sede en Morazán, ha ordenado que la inspección de archivos relacionados a la masacre de El Mozote de 1981 se reanude el próximo lunes 1 de febrero, luego que la prueba de covid-19 de una agente policial relacionada al proceso resultara negativa.
La diligencia será retomada a las 8:00 de la mañana en las oficinas de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, donde peritos del proceso, junto a la división de la policía técnica y científica, fiscalía y el resto de partes procesales, revisan la documentación.
La búsqueda de documentos fue suspendida el pasado miércoles 27 de enero, luego que una de las agentes policiales que participaba informó que había tenido contacto con dos personas que dieron positivo a covid-19.
Según la resolución judicial emitida el 4 de enero del 2021, el juzgado admitió la solicitud por parte de los acusadores particulares David Morales y Wilfredo Medrano a una inspección a los archivos incluidos en el “Informe Técnico Archivístico acerca de documentos, libros, publicaciones y objetos encontrados en la zona de la masacre El Mozote y lugares aledaños”, elaborado por el Centro de Documentación y Archivo Monseñor Rivera y Damas (CDYAMRYD).
Entre los archivos y objetos que los peritos judiciales buscarán en las instalaciones de Tutela Legal del Arzobispado están:
- Certificaciones de partidas de nacimiento,
- Tarjetas de control de vacunación y de vitaminas,
- Tarjetas de control de entrega de alimentos,
- Carnés,
- Tarjetas y cédulas de identidad personal,
- Testimonios de escrituras públicas,
- Recibos de ingresos a las municipalidades de Arambala, Meanguera, en Morazán.
- Recibos de fondo de vialidad,
- Tarjetas de citas médicas,
- Certificados de bautismo,
- Ropa,
- Vainillas de proyectiles.
Según Wilfredo Medrano, acusador particular, la inspección es delimitada a los archivos detallados en el informe enviado por el Arzobispado en 2018.
El análisis y procesamiento de la información consiste en la toma de copias legibles y certificadas de los documentos, imágenes ilustrativas de los objetos, así como fotografías, sin recurrir en “la aplicación de la medida de secuestro judicial, por el valor y trascendencia del documento u objeto”, detalla la resolución.
Entre septiembre y octubre del 2020, la Fuerza Armada de El Salvador y el Presidente de la República, Nayib Bukele, impidieron que el juez de instrucción accediera a los archivos que la institución castrense resguarda sobre la masacre.
La matanza de El Mozote, localidad del departamento de Morazán, es un hecho declarado como crimen de lesa humanidad, en donde miembros del Batallón Atlacat se estiman asesinaron a 978 civiles, de los cuales 553 eran niños, el genocidio ocurrió entre el 11 y 13 de diciembre de 1981.