La Fiscalía General de la República acusa Angelucci Silva por haber supuestamente transferido más de $6 millones del BMI ahora Bandesal, a la red de Infocentros para dar contenido económico a siete convenios de cooperación, que por ley estaba prohibido realizar.
Fiscales del caso, le reprochan a Angelucci Silva que se valió del cargo de presidente del BMI y de la red de Infocentro para girar esos fondos a una entidad de naturaleza privada y que la ley prohíbe ese tipo de convenio.
Por este caso, Angelucci Silva y Figueroa Salinas fueron condenados a diez años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia, el 12 de marzo de 2019, tras considerar que hubo una sustracción sistemática de fondos públicos disfrazados con convenios ilegales y que además hubo una pluralidad de acciones y omisiones, pero la defensa apeló ante la Cámara Tercera de lo Penal. La Cámara Tercera de lo Penal, resolvió que se debía realizar un nuevo juicio. Seguirá mañana.