Los imputados alegaron que ellos solo son empleados. / Gabriel Aquino.
La Fiscalía General de la República aseguró este lunes que concentrará sus esfuerzos en dar con la estructura que se dedica al saqueo de computadoras portátiles de los centros educativos de la zona oriental del país.
Por el momento, las autoridades han dado con tres personas de la estructura que se dedican supuestamente a comercializar los equipos de dudosa procedencia, pero no del resto que hurtaban directamente de las escuelas.
El objetivo de nosotros (Fiscalía) es identificar desde las personas que se introducen a los centros escolares hasta finalmente, las personas que lo comercializan como estos señores”, manifestó la fiscal del caso.
Además, dijo que se proponen dar con otros centros comerciales en San Salvador o en el oriente del país que se dedican a captar o comprar este tipo de artículo que tienen un titular, son comprados con los fondos del Estado y que con la sustracción, causan un perjuicio a la comunidad en general y de forma directa a los niños.
El 20 de julio, la Policía Nacional Civil en coordinación con la Fiscalía capturó a José del Carmen López, Daniel Funes y Josué Valladares, luego de un registro con prevención de allanamiento en el local 73 de Metrogangas. En el procedimiento, las autoridades les decomisaron 68 computadoras portátiles, valoradas de forma preliminar en unos $20,000.
“Los equipos habían sido recibidos a las 8:00 de la mañana en ese local comercial y a las 10:00 de la mañana estaba Fiscalía en el establecimiento investigando el ilícito”, afirmó la fiscal.
Los tres detenidos en ese local fueron sometidos este lunes a la audiencia inicial en el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, para quienes horas después, el juez ordenó detención provisional, mientras son procesados por los delitos de receptación y estafa agravada.
Según la Fiscalía, tres centros educativos han sido hurtados no solo de sus equipos informáticos sino de sus equipos de sonido y accesorios desde principio de marzo y el 19 de julio.
La fiscal del caso manifestó que pidieron al juez, seis meses de instrucción, periodo en el que ahondará en los pormenores de este caso.
La investigación inicia con la indagación sobre los autores intelectuales del delito por una usuaria que adquiere una de estas computadoras en $300 , le dan un periodo de garantía de dos meses y cuando pretende hacerla efectiva, el equipo presenta fallas, no le responden porque ya ha expirado”, explicó la fiscal del caso.
En busca de solventar su problema, ya sea que se le devuelvan su dinero u otro equipo, es que acude al Ministerio de Educación (MINED) y es ahí donde se entera que el equipo fue hurtado días antes en un centro educativo de la zona oriental.
Uno de los detenidos se quejó que ellos son empleados y desconocen el origen ilícito; “como empleados nosotros no tenemos nada que hacer en esas cosas”.