El padre Joaquín López y López, Elba Ramos y Celina Ramos fueron las tres víctimas salvadoreñas de la masacre jesuita, el 16 de noviembre de 1989. / Fotografías cortesía UCA.


A través de un comunicado de prensa, la Audiencia Nacional Española reveló un resumen del análisis que hizo la Sección Segunda de la Sala de lo Penal en la sentencia de 133 años y cuatro meses, en contra del excoronel salvadoreño, Orlando Inocente Montano Morales, declarado autor de la masacre de los jesuitas, ocurrida en 1989.

Los magistrados de la Sala han considerado que el excoronel y ex viceministro de Seguridad también es el autor de la muerte del padre Joaquín López y López, de Julia Elba Ramos y Celina Mariceth Ramos, quienes también fueron víctimas de la masacre jesuita.
Si bien no puede condenarle por estos hechos al no haber sido extraditado por Estados Unidos por estos crímenes", Comunicado de la Audiencia Nacional.

Y añaden:
"Legalmente constituyen 8 delitos de asesinato de carácter terrorista y así lo hace constar a lo largo de los 128 folios, si bien la Sala sólo puede condenar por la muerte de los 5 ciudadanos españoles asesinados porque el Tribunal de distrito de Carolina del Sur que concedió la extradición de I.O.M.M. redujo su entrega a las víctimas de nacionalidad española"Comunicado de la Audiencia Nacional.

La madrugada de este 11 de septiembre del 2020, El Salvador despertó con la noticia de la condena del exmilitar salvadoreño, único procesado por la masacre jesuita en España.

Hubo alevosía


El comunicado de la audiencia nacional cita la sentencia escrita y señala que los jueces concluyeron en que hubo alevosía en el plan de asesinar a los jesuitas.

Desde que participó en la decisión de ordenar al director de la escuela militar que fuera a la residencia de la UCA y "ejecutar tanto a Ignacio Ellacuría como a quienes se encontrasen en el lugar, sin importar de quiénes se tratase, a fin de que no hubiera testigos de los hechos, y lo hace dotando al citado coronel de un Comando compuesto por unos cuarenta soldados, pertenecientes a un batallón de élite de la Fuerzas Armadas, entrenados por el ejército de los Estados Unidos De América, fuertemente armados y equipados, sin que las víctimas tuviesen ninguna capacidad de defensa, pues se encontraban durmiendo, fueron llevados a un patio y allí, tras ordenarlas ponerse tumbados boca abajo, se les descerrajaron disparos de fusiles de asalto AK 47 y M -16”, cita a la sentencia.

La sentencia también destaca que la masacre fue terrorismo de Estado, porque se utilizó una unidad militar y se planificó para simular un crimen del FMLN, al utilizar un fusil AK47, de fabricación rusa, utilizada usualmente por la guerrilla en el conflicto armado.

La Sala también considera que en la planificación del hecho hubo participación "desde las más altas estructuras de poder en El Salvador", desde el presidente de la República y pasando por el Alto Mando militar "cercenando el camino hacia el diálogo y la paz".

España reconoció como verdad que la masacre jesuita fue ordenada por el Alto Mando militar, la noche del 15 de noviembre de 1989 y ejecutada la madrugada del 16 de noviembre de ese mismo año, por el batallón Atlácatl, en las instalaciones de la Universidad Centroaméricana, José Simeón Cañas, UCA, en El Salvador.